Recientemente, desde el Poder Legislativo, se han presentado proyectos de ley que buscan que jueces y fiscales den información sobre procesos en curso, así como crear una comisión de fiscalización de jueces y fiscales desde el Congreso. No son los únicos proyectos que en los últimos tiempos apuntan a resquebrajar la autonomía del Poder Judicial. Si bien no sorprende, pues 67 congresistas acumulan 729 delitos según la Fiscalía, sí es necesario resaltar el riesgo que ello implica.
El Dr. Iván Meini, profesor del Departamento de Derecho PUCP y abogado especializado en derecho penal y empresarial, señala que contar con un sistema de administración de justicia independiente es crucial para un país tanto en lo que respecta a la administración de justicia para sus ciudadanos como para el ámbito empresarial.
Respecto a los ciudadanos, el profesor considera esencial que las personas puedan percibir seguridad de que los jueces que van a dirimir sobre sus controversias, bienes y libertades lo hacen estrictamente siguiendo el derecho. Cuando ello no sucede, se instala una desconfianza en las instituciones públicas. El 78.2% de peruanos no confía en la PNP; el 79.9%, en el Poder Judicial; el 91. 8%, en el Congreso de la República; y el 75.5%, en el Ministerio Público, según recoge el Informe Técnico Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones, del INEI.
Asimismo, Meini subraya que hay una estrecha relación entre el desarrollo económico de un país y la estabilidad jurídica, la cual se refiere a la capacidad del Poder Judicial para garantizar el cumplimiento del marco legal para los inversores, y, también, con prevenir y combatir los delitos de corrupción, empresariales y violentos.
“Está comprobado que aquellos Estados que tienen un sistema de administración de justicia suficientemente autónomo contribuyen a generar estabilidad jurídica, la cual es tomada en cuenta por los inversores nacionales y extranjeros”, resalta Meini. En esa línea, el 40% de ejecutivos de empresas multinacionales considera que es muy importante, y el 46%, importante, que haya un marco jurídico y regulatorio adecuado al momento de decidir sus inversiones, según el estudio Foreign Investor Perspectives and Policy Implications 2018, del Banco Mundial.
“Difícilmente un Estado va a ser atractivo para los capitales de inversión si no es capaz de mostrar suficiente estabilidad jurídica. Por ejemplo, respecto del marco normativo de contratos, así como si las leyes referidas a la inversión nacional y extranjera cambian o no son equitativas ni transparentes”, indica Meini.
Independencia
El profesor del Departamento de Derecho PUCP, y también abogado especializado en derecho penal y empresarial, señala que un sistema de administración de justicia es autónomo cuando sus autoridades pueden emitir un fallo única y exclusivamente según consideraciones jurídicas, y sin presión política, económica o religiosa, o de jueces de mayor jerarquía.
Un sistema judicial independiente tiene autonomía respecto a otros poderes del Estado. Asimismo, es necesario que haya un mecanismo de selección, promoción, ratificación y sanción de jueces y fiscales que obedezca, también, a razones exclusivamente jurídicas.
Lamentablemente, al encontrarse más de la mitad de congresistas actuales investigados por la Fiscalía, el profesor Meini considera que el Congreso y el Ejecutivo no tienen legitimidad para realizar la reforma del Poder Judicial que el país necesita. ¿Somos conscientes de los riesgos que ello implica?
