El colapso del edificio Space en la ciudad de Medellín, una tragedia que enlutó a Colombia en el 2013, fue el punto de partida para que el Gobierno y el sector asegurador sumaran esfuerzos para crear un seguro obligatorio para los constructores de conjuntos de viviendas. La razón: proteger a los compradores de los riesgos de derrumbes o de daños que hagan inutilizables sus edificaciones.
Gustavo Morales, presidente ejecutivo de la Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA) recordó —durante su participación en el Insurance Day 2024— que este hito en la evolución del aseguramiento en su país no significó un obstáculo para la industria constructora, ni un costo mayor para los empresarios. “En el 2023, ese seguro creció en un 78% en relación al 2022″, afirmó. Con esta cifra, destacó que dicho seguro es un buen ejemplo de respuesta rápida y efectiva a una necesidad puntual. En Perú, las personas que viven en este tipo de viviendas no tienen esta protección.
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En suelo colombiano también funciona el seguro paramétrico. ¿De qué se trata? Es un seguro que indemniza en función a la magnitud o índice específico de un siniestro. “Hoy, el 48% de las pólizas agropecuarias son paramétricas. Desde hace un año que es posible usar el modo paramétrico en toda la rama de seguros”, afirmó Morales. Asimismo, no dejó de lado que Colombia continúa trabajando constantemente en la inclusión financiera.
Experiencia local
En el caso peruano, Eduardo Morón, presidente de APESEG, trajo a memoria el evento de El Niño en el 2017 y las decisiones que tomó el Gobierno en su momento. El desastre trajo pérdidas de más de US$9,000 millones y, para enfrentarla situación, el Estado gastó cerca de US$7,000 millones del Fondo de Estabilización Fiscal, una respuesta que —en opinión de Morón— fue desordenada e inadecuada.
“Cuando no hay nada previamente armado, la solución termina siendo cara, desordenada e inadecuada. Prueba de ello, es que han pasado más de siete años del desastre y aún seguimos reconstruyendo”, acentuó Morón. La reacción de APESEG en ese contexto ha sido entablar un diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas para “cambiar la manera en que el Estado gestiona el riesgo fiscal de los desastres naturales”. Y es que Morón considera que el rol del gremio es ser un articulador de soluciones.
Un punto que enfatizamos desde APESEG es que muchos problemas de política pública pueden ser resueltos con una solución de seguros en lugar de usar un fondo. Por ejemplo, el Ministerio de Producción enfrentó el año pasado el problema de otorgar una protección financiera a los pescadores artesanales afectados por los oleajes anómalos vía un bono. “Estamos trabajando en un seguro basado en información satelital, con la finalidad de que el ministerio tenga un control de su presupuesto y pueda atender adecuadamente a este segmento. Es decir, pueda tener la capacidad de pagar oportunamente cuando ocurra el daño y hacer que esos recursos alcancen”.
En efecto, para Patricio Salas, secretario ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (FEDESEG), en países como el nuestro hay una evidente necesidad de protección. A su juicio, los gremios tienen un rol de apoyo a estas iniciativas sociales. El experto asegurador afirmó que las asociaciones deben crear un entorno favorable para que la actividad cumpla con su función y con el objetivo de cerrar la brecha de protección.
“Si bien en Ecuador no hay una política de inclusión y acceso a seguros, en FEDESEG nos hemos preocupado por impulsar que el entorno de la actividad sea adecuado. El sector no paró ni cuando llegó la pandemia. Actualmente también seguimos promoviendo la inclusión financiera”, destacó el representante ecuatoriano.
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Razón Social: ASOCIACION PERUANA DE EMPRESAS DE SEGUROS
RUC: 20107290339
