Programa Reactiva Perú: el balón de oxígeno para las empresas

En el Podcast del día de hoy, nos acompaña Dario Bregante, Gerente Senior del área de Regulación Financiera y FinTech de EY Law, junto a Karina Chinguel, Gerente Senior de EY Law. La temática de este episodio es sobre el Programa Reactiva Perú, el cual fue aprobado en la gestión del gobierno anterior, con el objetivo dar una respuesta rápida y efectiva a las necesidades de liquidez que enfrentaban las empresas ante el impacto de la pandemia del COVID-19.

Recordemos que el Programa Reactiva Perú, fue creado en abril del año pasado, con la finalidad de financiar a las empresas peruanas afectadas por el Estado de Emergencia Nacional y el cierre de sus actividades económicas, mediante el otorgamiento de préstamos garantizados por el Gobierno, que les permitiesen afrontar sus obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores, a fin de asegurar la continuidad en la cadena de pagos en la economía nacional.

Según Karina Chinguel, la característica más resaltante de los préstamos del Programa fue las bajas tasas de interés a las que se otorgaron estos financiamientos, cuyo promedio fue de 1.36%, lo cual fue históricamente bajo, principalmente en el segmento de los financiamientos para las micro y pequeñas empresas.

Este programa ha beneficiado a más de 500 mil empresas peruanas y el gobierno otorgará garantías hasta por S/ 60 mil millones, lo cual equivale a un 8% del PBI peruano. Esto ha posicionado al programa como el más grande de la historia nacional. Chinguel destaca que, a lo largo de las 2 fases del Programa, “el ejecutivo hizo determinadas correcciones a los términos de este para flexibilizar los requisitos de acceso para que una mayor cantidad de MYPES pudiera acceder a este”. El resultado fue muy positivo, ya que el 98.3% de las empresas beneficiadas del Programa fueron MYPES.

Chinguel advierte que “muchas empresas beneficiarias no conocen a detalle todas las obligaciones regulatorias que han asumido por la toma del préstamo y sobre todo cuáles son consecuencias legales y económicas para aquellas empresas que no puedan acreditar correctamente el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de una fiscalización”.

Así mismo, COFIDE, quien es el administrador de este programa, tiene la facultad de fiscalizar posteriormente a las empresas beneficiarias. Para ello, cuenta con la colaboración de la entidad financiera que otorgó el crédito. Ante un escenario de fiscalización, la empresa deberá demostrar, con un sustento documentario adecuado y claro, que viene cumpliendo sus obligaciones regulatorias”.

Acerca de la reprogramación de créditos, Chinguel finaliza comentando que “el Ejecutivo aprobó la reprogramación del pago de estos créditos, a fin de que las empresas que se habían visto más golpeadas y que cumplan con los requisitos regulatorios puedan solicitar a la entidad financiera que les otorgó el crédito un nuevo plazo de gracia de hasta un año, para que puedan iniciar los pagos de su crédito recién en el 2022”. Una medida necesaria para que las beneficiarias puedan seguir sobreviviendo.