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Es necesario implementar un programa masivo de viviendas sociales dirigido a los sectores D y E de la población con ingresos menores que residen en laderas de los cerros, más conocido como asentamiento humanos, así lo propone Alfonso Velásquez, expresidente del Consejo Directivo del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres “JUNTOS”.
El también economista propone que dichas familias se les ofrezca viviendas asequibles a costos inferiores a S/. 10,000, así como estándares mínimos de habitabilidad y calidad de construcción a ante posibles eventos sísmicos y otros riesgos naturales.
Asimismo, señala que es necesario implementar de manera imperiosa esta propuesta integral que atienda la problemática que afecta a las familias que necesitan vivienda en las laderas de los cerros de Lima.
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¿Quién se encargaría de construir las viviendas sociales?
Velásquez plantea implementar este modelo de financiamiento mixto que involucre recursos públicos y privados donde el Estado destinaría fondos para construir viviendas sociales con el programa “Mi Vivienda” y la RM 182-2021, que otorgan bonos familiares para sectores de bajos recursos, multiplicando su impacto, así los recursos que hoy financian una vivienda cubrirían hasta 4 viviendas de menor costo en favor de la población más necesitada.
Añade que esta propuesta puede complementarse con inversiones privadas y la participación del empresariado en este tipo de proyectos de vivienda social. Gestionando alianzas estratégicas entre diversos actores: instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, empresas del sector privado y la comunidad, así aprovechar los recursos y conocimientos disponibles promoviendo un desarrollo urbano sostenible y equitativo.
“Los proyectos de vivienda social son una alternativa ante la precariedad de las viviendas en las laderas de los cerros de Lima, ya que han demostrado ser exitosos y a bajo costo. Estos han logrado combinar la habitabilidad con un diseño arquitectónico adecuado según las particulares de cada entorno”, añade el economista.
Agrega que es importante mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas, proveerlas de servicios como agua potable, saneamiento y electricidad, así como implementar programas de capacitación y asistencia técnica para fortalecer las capacidades de los habitantes en áreas como construcción, gestión comunitaria y prevención de riesgos.
Finalmente, en colaboración del Estado, sector privado y la comunidad, transformar la realidad de miles de familias, brindándoles un hogar digno y seguro que les permita mejorar su calidad de vida y construir un futuro más prometedor.
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