:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/L7P4MCVEDREQHBQOYMRWMSGK4Y.jpg)
Servir ya dio inicio este mes a una serie de revisiones a los funcionarios en cargos de confianza del Estado para verificar si cumplen con los requisitos para sus cargos establecidos en la nueva Ley 31419, así como su reglamento y, de no hacerlo, proceder con su remoción del cargo.
Dicha operación, señala la entidad, tendrá una duración de aproximadamente 5 meses, por lo que culminaría en diciembre y se realizará en dos fases: la primera estará enfocada en la alta dirección de las entidades.
Avance
Según informan fuentes del sector, Servir ya inició operativos importantes y viene revisando la situación de los funcionarios en los gobiernos regionales.
Además se espera que realicen otro control de gran escala la próxima semana. Sin embargo, no detallaron con relación a qué entidades se realizaría.
Anteriormente, Christian León Vilela, gerente de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de Servir, indicó a Gestión que la revisión de los gobiernos locales provinciales sería una de las últimas en realizarse.
Ello, debido a que verificar el cumplimiento de la norma en los gobiernos locales es una tarea complicada, considerando el alto número de gobiernos existentes, así como el hecho de que tienen esquemas organizacionales que aún tienen mucho espacio de mejora.
Procedimiento
De encontrarse personal que no cumpla con los requisitos mínimos se otorgarán 7 días a la entidad para que se cumpla con acreditar dichos requisitos o, en su defecto, con separar al funcionario de la entidad.
Si pasados los 7 días no se cumple con lo solicitado, Servir reportará lo sucedido al Órgano de Control Institucional de la entidad supervisada y a la Contraloría General de la República para que tomen acciones correspondientes.
De acuerdo con León, si se verifica que hubo un nombramiento que no cumplió con los requisitos mínimos, el mismo será nulo de pleno derecho. “Será como si la persona nunca estuvo en el cargo”, explicó.
Además indicó que habría responsabilidades administrativas, civiles y penales para el designado en el cargo, para quien designó a la persona y a todo aquel que participó en el acto de designación.
El dato
Efectos. De acuerdo con Servir, si se declara la nulidad del nombramiento del funcionario, ello no afectará los actos que haya aprobado en beneficio de los ciudadanos, ya que la entidad puede convalidar dichos actos, evitando que resoluciones que hayan podido ser de importancia desaparezcan.