Las altas temperaturas propias de la estación verano generan, como cada año, la llegada masiva de bañistas. Un último escenario de esta temporada fue la vista el pasado 1 de enero del 2024 donde miles de visitantes llegaron a las playa de Agua Dulce en Chorrillos causando desorden. Ante esta situación, alcaldes de Lima se han mostrado a favor de aplicar el aforo limitado en los balnearios. ¿Es aplicable la medida?
Distritos a favor de aforo limitado
Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos, fue quien mostró preocupado por la llegada una alta cantidad de bañistas. Sostuvo que lo ocurrido en la playa Agua Dulce durante las celebraciones del 2024 -con la visita de aproximadamente 50,000 personas a diferencia del 2023 que fueron 35,000- constituyó un peligro en materia de control de multitudes.
En ese sentido, el burgomaestre informó que se reuniría con las gerencias municipales de Fiscalización y Salud para evaluar establecer un aforo máximo en la playa Agua Dulce, ante la alta afluencia de visitantes. Indicó que será de 30,000 personas el aforo máximo.
Para el control de aforo, Velasco informó que se implementaron tres tranqueras. Además, anunció que la comuna adquirió contómetros que serán usados para llevar el registro de visitantes al balneario.
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El control de aforo de playas también fue saludado por el alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas. La autoridad edil calificó los balnearios del distrito como apacibles. Sin embargo, dijo que, para la llegada del nuevo año se reportaron la visita de 5,000 personas cuando el aforo va entre los 2,000 y 2,5000. Vargas comentó que esta medida también podría aplicarse ante el reporte del aumento de casos COVID-19.
Las playas más concurridas de Barranco son Los Yuyos y Las Sombrillas, y les siguen Barranquito, Los Pavos y Cascadas.
Inclusive, a la fecha, comentó que en la playa Las Sombrillas se instaló un cerco de bambú y se procederá con los demás balnearios. ”Ya está completamente cercada. Para controlar el ingreso hemos puesto unas rampas y, con ayuda de personal, iremos controlando la cantidad de bañistas. Esto servirá también para que visitantes ingresen al lugar con comida, licor, mascotas o realicen comercio ambulatorio”, declaró a Latina.
En tanto, el distrito de La Punta (Callao) tras ser afectado por los fuertes oleajes abrió el acceso a sus playas, y rechazó limitar el acceso de bañistas que concurren de forma masiva durante esta temporada, pero anunció aplicar el límite de aforo a vehículos a fin de poner orden y no saturar las vías de la citada jurisdicción.
¿Es viable el control de aforo en las playas?
Guillermo Mardon, especialista en derecho Constitucional y docente de la Facultad de Derecho de la UPC, recordó que nuestra legislación señala, a través de Ley 26856, que las playas son bienes de uso público y el ingreso y uso de estas es libre.
No obstante, dijo que durante la pandemia de la COVID-19 se emitió la Directiva Sanitaria 130 MINSA/2021/DIGESA cuyo artículo 6.1.1 indicaba que las municipalidades son competentes para planificar e implementar un esquema operativo respecto de la reducción del aforo y un sistema de control de aglomeraciones. Sin embargo, a través del Decreto Supremo 130-2022-PCM, se derogaron varias disposiciones.
“La propuesta de los alcaldes será viable, siempre que esté relacionada a medidas que busquen un fin legítimo, como es proteger la salud de las personas, y que no existan otras medidas mas leves que cumplan con solucionar la problemática, es válido que exista una limitación. Ningún derecho es absoluto. Claro está, debe justificarse plenamente la intervención y no afectar de forma gravosa otros derechos de igual importancia; la afectación debe ser proporcional al fin que se busca proteger”, puntualizó a Gestión.
Por su parte, Ernesto Mendoza, abogado de Derecho Administrativo, señaló que limitar el libre tránsito por las playas resulta una restricción sin fundamento. Recordó que, además de la Ley 26856, el Tribunal Constitucional precisa el carácter innegociable del derecho al libre tránsito por las playas y la obligación de revertir todo tipo de restricción arbitraria al respecto.
Sin embargo, explicó, ello no implica que las municipalidades puedan implementar las medidas necesarias para garantizar el orden, limpieza, salubridad y seguridad de los balnearios, siempre dentro de los marcos previamente establecidos.
Un ejemplo, citó, es el una ordenanza de la Municipalidad de Chorrillos, en la cual se establecen medidas de limitación a la actividad económica, de prevención de contaminación y seguridad, y hasta una serie de prohibiciones específicas a los ciudadanos que ingresen a la playa, “lo cual se encuentra dentro de las competencias previamente establecidas”.
Sin embargo, respecto a solo aplicar un aforo limitado a bañistas de forma general, el también asociado del área Administrativa de CMS Grau, insistió en que “el hecho de establecer esta medida representa una limitación al derecho al libre tránsito por las playas que, más allá de inadvertir las disposiciones del Tribunal Constitucional, no cuenta con respaldo legal dentro de las competencias municipales previamente establecidas”.
En cuanto al aforo de los vehículos en La Punta, el abogado de la Facultad de Derecho de la UPC mencionó que, en virtud de mantener el orden en las vías, también la Ley Orgánica de Municipalidades indica que en materia de seguridad ciudadana cuentan con la competencia de establecer un sistema con la participación de la sociedad civil, Policía Nacional e incluso serenazgo.
Respecto a este tema, fuentes de la Defensoría del Pueblo indicaron a Gestión que, vienen evaluando las justificaciones que los municipios que buscan disponer esta medida de aforo en los balnearios a fin de emitir un pronunciamiento al respecto.
¿El ciudadano puede denunciar de aplicarse el aforo?
El abogado especialista en derecho Constitucional, Guillermo Mardon, dijo que sí aplicaría de no cumplirse con una justificación apropiada y más bien la restricción del aforo obedece a un “mero capricho” de las autoridades estatales, que no desarrollan ningún sustento ni existe objetividad en la decisión. “Un ciudadano puede hacer valer la garantía constitucional de habeas corpus para garantizar el libre tránsito hacia las playas y su derecho a la libertad de reunión en las mismas”.
Por su parte, el abogado de Derecho Administrativo, Ernesto Mendoza, explicó que los ciudadanos podrían interponer una demanda de inconstitucionalidad contra dicha ordenanza, en caso consideren que esta vulnera derechos como el de libertad de tránsito, así como disposiciones previamente expuestas por el Tribunal Constitucional.
Falta crear espacios más saludables
Para el arquitecto especialista en espacios seguros y saludables, Gerardo Berdejo, la aplicación de aforos a espacios públicos como las playas es un tema más profundo y responde a que Lima tiene un déficit de áreas libres. Consideró que establecer esta medida por parte de los municipios sería parcial.
“Puede aplicarse [el aforo], pero son parches. No son soluciones eficientes ni sostenibles [...] A los alcaldes no les queda que hacer el aforo, pero no es la solución a largo plazo”, dijo a Gestión.
Berdejo manifestó que las autoridades ediles deben coordinar con los representantes del Proyecto Costa Verde a fin de cumplir con la implementación de espacios libres en esa zona del litoral desde Chorrillos hasta el Callao. Bermejo señaló que cada distrito que forman parte de este proyecto debería aplicar acciones para fomentar la llegada de visitantes a todas las playas y así evitar la concentración de bañistas en algunos balnearios.
Para el arquitecto, la vía Costa Verde “choca” con la pasividad que dan las playas de la zona. “Hasta ahora se ven soluciones tímidas que son unas cuantas escaleras y puentes peatonales que te conectan arriba (malecón) y abajo (playa). Por ejemplo, en un espacio intermedio entre ambos se pueden hacer cafés y no solo usarlo para la construcción de una escalera que conecte”.
“Lo ideal sería que esto fuera un poco más a lo antiguo que es ver a la Costa Verde como un lugar de esparcimiento, pero ya tenemos una vía expresa. Hay proyectos en otros países europeos en los que se ha transformado una carretera para que sea un espacio usado por el público sin autos o vías más angostas”.
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Ingresó al Grupo El Comercio en el mes de noviembre de 2018 y se desempeñó como redactora web del Núcleo Comunes. Actualmente escribe para Gestión. Licenciada en Periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza.
