El Pleno del Congreso aprobó con 78 votos a favor y dos abstenciones el dictamen de los proyectos de ley 6376, 8977, 9506 y 9898, que promueven la vacunación gratuita contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en pacientes diagnosticados con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Tuberculosis (TBC) e inmunosupresión.
Además, con 86 votos a favor se exoneró de la segunda votación, con lo cual el dictamen será enviado al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.
Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Salud y Población, Magaly Ruiz, explicó que el texto sustitutorio “plantea las disposiciones para promover la vacunación contra el virus del papiloma humano en pacientes con VIH, TBC e inmunosupresión”, destacando que el VPH “es la principal causa del cáncer cervicouterino, según la Organización Mundial de la Salud”.
La congresista Kelly Portalatino, autora de una de las iniciativas, resaltó que más de 91,000 personas viven con VIH en el país y que cada año se registran entre 35,000 y 50,000 casos de tuberculosis, enfermedades que afectan especialmente a los sectores más vulnerables.
En la misma línea, la congresista Magaly Santisteban señaló que “cada año se registran cerca de 4,800 casos de cáncer de cuello uterino y más de 2,500 muertes. Fallecen siete mujeres cada día por una enfermedad prevenible”.
El texto sustitutorio establece que el Ministerio de Salud (Minsa) elaborará un plan de lineamientos para garantizar la vacunación constante de los pacientes con VIH, TBC o inmunosupresión.
Este plan contempla tres ejes: prevención, mediante campañas de información y vacunación gratuita; detección temprana, con acceso obligatorio y gratuito a pruebas de Papanicolaou y detección del VPH; y tratamiento, con cobertura médica o quirúrgica en todo el territorio nacional.
Asimismo, el Minsa adoptará medidas para cerrar las brechas en la cobertura de vacunación y desarrollar campañas informativas sobre los beneficios de la inmunización. La norma también declara de interés nacional la creación e implementación del Plan Nacional para la prevención, detección y tratamiento del cáncer de cuello uterino, y autoriza al Ejecutivo a realizar modificaciones presupuestarias para asegurar su financiamiento.
