Por Juan Manuel Ostoja
Presidente de Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior - FIPES
La crisis sanitaria que venimos enfrentado se ha convertido en una grave amenaza para el desarrollo del Perú, que ataca silenciosamente a nuestro principal activo. Hoy más de 500 mil jóvenes corren el riesgo de no poder acceder a una educación superior. Esto supondrá un grave retroceso en la tasa de cobertura de este sector, afectando la formación de personal calificado que, a corto, mediano y largo plazo, incidirá negativamente en la competitividad de nuestro país.
Según un estudio realizado por Arellano Consultores, el 47% de los actuales estudiantes de educación superior estaría pensando en postergar sus estudios. Si ello ocurre, sumado a los proyectos de ley (inconstitucionales) en educación del actual Congreso, que buscan regular las pensiones y matrículas de los estudiantes de instituciones educativas privadas, se pondría en grave riesgo el funcionamiento de hasta 10 universidades licenciadas y 500 institutos privados, que tendrían que cerrar, por el crecimiento exponencial de la deserción y el aumento permanente del 50% de la morosidad en los pagos de las pensiones. Lo que estimaría una población universitaria de 350 mil estudiantes en peligro de deserción, más una población tecnológica de 250 mil estudiantes en la misma situación.
Corremos el grave riesgo de retroceder 10 años la tasa de cobertura en educación superior, convirtiendo a más de 500 mil jóvenes talentosos, en nuevos Ninis (aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan), provocando graves consecuencias políticas, sociales y económicas.
Lo expuesto anteriormente, nos obliga a enfrentar esta crisis educativa considerando a todos y cada uno de los actores involucrados: padres de familia, docentes, instituciones educativas, y el Estado en su rol de garante de la educación del país. Razón por la cual, desde hace meses, se vienen solicitando al Ejecutivo tomar medidas urgentes para la continuidad del sistema de educación superior.
La propuesta del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, de brindar un bono estudiantil con el fin de evitar que los jóvenes dejen el colegio o la universidad producto de la crisis, debe ser aprobada en grado de urgencia. Muchos jóvenes han dejado a la deriva el inicio del segundo semestre académico en el presente mes, razón por la cual, es de suma importancia tomar decisiones a la brevedad.
En la actualidad, el Estado ha implementado becas de emergencia que superan los 80 millones de soles, equivalentes a 10 mil becas de continuidad. Sin embargo, son insuficientes para atender a más de 500 mil casos. No obstante, el Estado también puede priorizar los gastos en el sector Educación. Una forma de hacerlo es destinar todos los aportes que por concepto de Impuesto a la Renta efectúan las instituciones educativas privadas en favor de los estudiantes de bajos recursos. A su vez, el Gobierno debe de otorgar préstamos estudiantiles con intereses blandos y articular con los operadores de telecomunicaciones para la creación de tarifas de internet estudiantiles que facilite el acceso educativo a los jóvenes de provincias.
Es de suma importancia considerar al sector educativo como una prioridad por parte del Gobierno, ya que al dejar a la deriva la educación no solo se estaría poniendo en juego el futuro de estos jóvenes, se estaría poniendo en juego el futuro del Perú a un año de nuestro Bicentenario.