El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) presentó su estudio “Financiamiento de la garantía de la calidad de la educación superior universitaria en el marco del aseguramiento de la calidad”, con el objetivo de contribuir a la asignación eficiente de los recursos públicos mediante la toma de decisiones oportunas y acertadas que mejoren la calidad de la educación superior universitaria.
Entre los principales hallazgos se revela que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional San Agustín (UNSA), y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), tuvieron el mayor nivel de ejecución presupuestal en acreditación, con un 95.6% en el periodo 2018-2022.
Dichas universidades destacan, también, por concentrar el mayor número de programas acreditados, con un 77.9 % del total de programas acreditados; y el mayor número de programas de estudios acreditados con agencias acreditadoras extranjeras, con un 59.2% del total.
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Cabe resaltar, que la UNI es la universidad pública con el mayor número de programas acreditados y el mayor número de programas con acreditación internacional.
Las universidades mencionadas atribuyen su buena ejecución al uso adecuado de los recursos asignados, a la implementación de estrategias de seguimiento, y a la organización y desarrollo de reuniones de coordinación entre las áreas de planificación y presupuesto, la oficina de calidad y los programas de estudios. Además, del desarrollo de una cultura de calidad dentro de sus instituciones y el respaldo institucional al proceso de acreditación.
Por otro lado, el estudio identifica que durante el periodo 2018-2022, un total de 31 universidades públicas no lograron acreditar programas de estudios, a pesar de haber recibido presupuesto para acreditación, lo que evidencia que si bien existen limitaciones en la asignación del presupuesto que limitan los procesos de acreditación, también existen dificultades en las capacidades de gestión de las universidades y sus programas de estudios para la ejecución y el uso eficiente de sus recursos.
Entre las recomendaciones finales se sugiere a las universidades públicas, la implementación de una política de calidad y un sistema de seguimiento y evaluación, el fortalecimiento de la Oficina de Calidad, y el reconocimiento de las horas dedicadas por los docentes a los procesos de acreditación.
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Además, se recomienda a otros actores clave, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Educación (Minedu), que orienten la asignación presupuestal hacia la reducción de brechas en la calidad de la educación superior, evaluando el estado situacional de las universidades públicas y la realidad de cada región.
Asimismo, se plantea la necesidad de mejorar la articulación entre los procesos de licenciamiento y acreditación con el fin de establecer una trayectoria institucional que garantice una mejor predictibilidad y progresión de ambos procesos en las universidades.
El presupuesto público tiene un impacto significativo en el desarrollo, funcionamiento y calidad de las instituciones educativas, lo cual, a su vez, afecta directamente a los estudiantes que reciben el servicio educativo.
En este sentido, el Sineace sigue comprometido en continuar desarrollando evidencias para los tomadores de decisiones y la comunidad educativa, que promuevan la eficacia y calidad de la financiación de las instituciones de educación superior.
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