La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, informó que de los 28 mil 925 procesos tramitados enlas unidades de flagrancia, resolvieron 26 mil 348, lo que representa el 91.1% de capacidad de respuesta, y en un plazo célere.
“El éxito de las unidades de flagrancia es innegable y este comportamiento cumple con el propósito esencial de dar respuesta inmediata y efectiva frente a delitos graves en plazos muy cortos, e incluso en casos donde las penas han sido menores, estas han sido penas cortas, pero efectivas”, afirmó.
Tello Gilardi informó, además, que se han registrado 78 casos de extorsión en las referidas unidades, por los cuales se han dictado penas de entre 15 años hasta cadena perpetua, específicamente, en los distritos judiciales de La Libertad, Piura, Santa, Sullana, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lima y Callao.
“Ese comportamiento cumple con el propósito esencial de dar respuesta inmediata y efectiva frente a los delitos graves”, resaltó la máxima autoridad judicial.
La magistrada recordó, además, que el Sistema de Flagrancia Delictiva cuenta con treinta unidades en 26 distritos judiciales y que al término del 2025 se contará con 38 unidades (15 unidades modelo y 23 unidades piloto) en 34 cortes.
“La apuesta es que todas las unidades de flagrancia sean ‘modelo’, es decir que el funcionamiento y la presencia de los operadores de justicia sea de manera exclusiva y no como en este momento, en el que, las unidades piloto, cuentan con operadores que trabajan en adición a sus funciones”, refirió.
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Así, la autoridad judicial reiteró su requerimiento al Ministerio de Economía y Finanzas sobre la asignación de los recursos necesarios para que, en el año 2026, las 23 unidades piloto se conviertan en unidades modelo, a fin de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema a nivel nacional.
“Como estrategia de fortalecimiento, es necesario la asignación de presupuesto que incluya el reforzamiento de recursos humanos y la ampliación de la capacidad operativa de todas las unidades de flagrancia, involucrando a todos los operadores del Sistema Nacional de Unidades de Flagrancia”, indicó.
Tello brindó dicha información tras liderar la tercera sesión del Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, que se desarrolló en Palacio de Justicia, con la participación el ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Wálter Martínez Laura; el comandante general de la Policía Nacional, general Óscar Arriola Delgado; así como de otras autoridades.
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PLANTEAMIENTOS INSTITUCIONALES
Cabe señalar que, a fin de darle mayor dinamicidad a los procesos inmediatos de flagrancia, la titular del Poder Judicial planteó algunas normas procesales que modifiquen la Ley Procesal Penal, a efectos de canalizarlas a través de Congreso o las facultades legislativas que tenga el Ejecutivo.
Al respecto, el integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), Carlos Zavaleta Grández, consideró introducir en el protocolo de proceso inmediato que la Fiscalía, una vez cuente con el informe policial, incorpore de manera sencilla su pedido y sustentarlo en una audiencia pública oral de control de procedencia.
Asimismo, resaltó la necesidad de capacitar a los operadores de justicia para mejorar la articulación y actuación sobre los actos y plazo de investigación, en el uso de soportes digitales electromagnéticos, y del mismo modo, que las sustentaciones de pedidos no contengan argumentaciones ampulosas.
“Con eso ganamos tiempo y oportunidad, somos más asertivos porque si hablamos de flagrancia, sus órganos deben ser proactivos, muy eficientes y también con resultados; es que la flagrancia llegó para quedarse y va a marcar un hito en las atenciones y los resultados”, expresó.
También resaltó la importancia de la sanción, de la mano de los organismos de control, en los casos de responsabilidad funcional, conforme a la Ley 32182, que establece que aquellos fiscales que omiten sus deberes funcionales y dispone la libertad de personas detenidas en flagrancia, pueden ser destituidos.
Lo mismo para aquellos que formulan un requerimiento malicioso, es decir, teniendo los elementos de ley, hacen que decaiga el pedido y el juez dispone una medida o resolución que declare infundado alguna medida coercitiva.
También cuando se emitan resoluciones, disposiciones, providencias, dictámenes o requerimientos en contravención a la ley o se faciliten o proporcionen información reservada por condición de su cargo, correspondería la destitución, anotó el magistrado.
Del mismo modo, remarcó que los jueces que ordenan, omitiendo sus deberes funcionales, la libertad de personas detenidas en flagrancia es una causal de destitución, de igual modo, para aquellos operadores que cometan prevaricato.
Otro planteamiento del Poder Judicial, indicó Zavaleta Grández, es dinamizar la operatividad en los órganos jurisdiccionales de las unidades de flagrancia con la distribución idónea de casos sencillos y complejos, de acuerdo a las penas consideradas, para dar sanciones inmediatas contra la criminalidad.
“Sin mayor presupuesto, estamos haciendo un diseño mejor articulado y más efectivo para que las los resultados salgan a la vista y la población lo pueda palpar de una mejor manera”, puntualizó.
Janet Tello reiteró su requerimiento al MEF sobre la asignación de los recursos necesarios para que, en el año 2026, las 23 unidades piloto se conviertan en unidades modelo. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
ACUERDOS ADOPTADOS
Al concluir la reunión, el Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva adoptó varios acuerdos, entre ellos solicitar al Minjusdh aprobar el Protocolo de Actuación Interinstitucional de las Unidades de Flagrancia Delictiva.
Asimismo, que los titulares de cada institución dispongan el irrestricto cumplimiento de la Ley 32348, en tanto que el Ministerio Público dispondrá las medidas pertinentes para que los fiscales inicien el proceso inmediato para fortalecer la capacidad de respuesta de las Unidades de Flagrancia Delictiva.
También se acordó que la Fiscalía dispondrá las medidas pertinentes para garantizar la presencia de fiscales en la Unidad de Flagrancia del Distrito Fiscal de Puente Piedra- Ventanilla a fin de garantizar su operatividad.
En tanto que el Instituto de Medicina Legal remitirá información de dimensionamiento presupuestal y de necesidades a la Comisión de Flagrancia, mientras que la secretaria técnica del Consejo debe presentar un plan de capacitación transversal para todos los operadores de justicia en diez días.
Por último, la referida secretaría con el equipo técnico elaborará una propuesta de actualización del Protocolo de Actuación Interinstitucional referido al modelo de actuación oral en los casos de flagrancia, asimismo las propuestas de modificación en materia procesal penal.
