Un total de 4,255,900 m² de terrenos del Estado fueron entregados en el primer trimestre del 2024 por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), entidad inscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a instituciones públicas de los tres niveles de gobierno para el desarrollo de proyectos de inversión pública.
El área total de los terrenos estatales se encuentra agrupados en 173 predios distribuidos en 15 regiones del país. En su mayoría, los terrenos pertenecen al sector de construcción y reconstrucción de infraestructura, a donde se destinaron 43 predios que suman, en total, 2,489,077 m² para el desarrollo de defensas ribereñas y protección contra inundaciones.
De igual manera, 1,437,055 m2 fueron trasladados para realizar obras de agua potable y alcantarillado, es decir, una agrupación de 92 predios.
Cerca de 300,000 m² terrenos se destinaron para la ejecución de proyectos de construcción y mejoramiento de carreteras y aeropuertos; mientras que los terrenos restantes fueron entregados para el desarrollo de centros de esparcimiento, creación de espacios y servicios públicos, así como complejos para servicios municipales.
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Wilder Sifuentes, Superintendente de la SBN, explicó cuál es la importancia de la transferencia de un predio estatal a los gobiernos subnacionales, así como a las entidades conformantes del sistema nacional de bienes estatales.
“Los terrenos del Estado son puestos en manos de las instituciones públicas para la ejecución de proyectos de inversión pública, los cuales impactan directamente en la ciudadanía y contribuyen en el desarrollo de las localidades de todo el país”, expresó.
Además, destacó que las entregas o transferencias prediales contribuyen con la lucha diaria que se afronta contra el tráfico de terrenos, debido a la cautela que se le da al bien estatal.
Es importante mencionar que los terrenos estatales fueron entregados bajo la modalidad de transferencia interestatal, la cual es otorgada a solicitud de las entidades públicas previo sustento del proyecto de inversión. Con ello, se le otorga a la entidad solicitante dos años para la presentación del proyecto definitivo; caso contrario, el predio revierte al Estado.
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