El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente la demanda de hábeas corpus presentada a favor del expresidente Pedro Castillo, mediante la cual se pretendía dejar sin efecto el procedimiento parlamentario que culminó con su vacancia, disponer su libertad y ordenar su restitución como jefe de Estado.
La acción fue interpuesta el 10 de marzo de 2025 por el ciudadano José Ponce Quispe, quien alegó una presunta vulneración de los derechos a la libertad e integridad personal del exmandatario.
En la demanda se sostenía que el acuerdo del Congreso que declaró la vacancia de Castillo, luego de su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, era inconstitucional. Entre los argumentos expuestos figuraba que el procedimiento no habría cumplido con el requisito de alcanzar 104 votos, conforme al artículo 89 del Reglamento del Congreso vigente en ese momento.
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Asimismo, se argumentó que el caso no encajaba en los supuestos contemplados en el artículo 117 de la Constitución para acusar a un presidente en funciones. También se señaló que el mensaje televisado de Castillo no llegó a representar un peligro efectivo para el Estado y que no se le otorgó la posibilidad de rectificarse.
No obstante, el TC concluyó en su sentencia, a la que tuvo acceso RPP, que los cuestionamientos formulados respecto al procedimiento de vacancia no guardan una relación directa con la afectación del derecho a la libertad personal ni de otros derechos cuya protección corresponde al proceso de hábeas corpus.
El Tribunal Constitucional declaró improcedente el hábeas corpus que buscaba dejar sin efecto la vacancia presidencial de Pedro Castillo. Foto: Andina.
En su resolución, el colegiado recordó además que en una sentencia anterior ya había determinado que el Congreso actuó con “legítima celeridad” al declarar la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, en un contexto excepcional que, según indicó, buscaba preservar el orden constitucional tras las acciones adoptadas por el entonces mandatario.
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Cabe recordar que el 4 de diciembre de 2025 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Pedro Castillo a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, a raíz del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
El exjefe de Estado también permanece con mandato de prisión preventiva mientras afronta investigaciones por presuntos delitos de organización criminal y otros, vinculados a los casos acumulados PetroPerú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
