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Hasta la fecha, ya son 16 las universidades las que no lograron obtener su licencia de funcionamiento. Todas son particulares, todas no lograron pasar el filtro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Las casas de estudio alistarán ahora su plan de cierre. Las últimas en no recibir licencia son la Universidad Privada Juan Pablo II (con sede en Lima) y a la Universidad Privada de la Selva Peruana (con sede en Iquitos), a quienes la Sunedu les rechazó su solicitud.
Una semana antes no logró la licencia, la Universidad de Ayacucho Federico Froebel (UDAFF), por no haber demostrado el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.
Grupo clave
Martín Benavides es quien encabeza dicho consejo y también la propia Sunedu. Benavides es sociólogo por la Universidad Católica, donde además es profesor principal. Desde el 2006 está vinculado con Grade, donde ha sido director de investigación, director ejecutivo y e investigador principal hasta la fecha.
Además de Benavides el Consejo Directivo de la Sunedu, está integrado por otras seis personas: Fabiola León-Velarde, Victor Peñam Hugo V. Rosales, Waldo Mendoza, Andrés Lescano y Aurelio Ochoa. Todos cuentan con estudios de postgrado, en la mayoría de casos en el extranjero, así como una vida profesional tanto en el ámbito privado como público.
“Se encarga también de verificar el cumplimiento de la Condiciones Básicas de Calidad y fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios otorgados a través del marco legal son destinados hacia fines educativos y el mejoramiento de la calidad”, señala la propia web de la Sunedu.
La tarea este grupo está acompañado por una Dirección de Licenciamiento, que dirige, coordinar ejecutar el proceso de creación y licenciamiento para el servicio educativo superior universitario.
En este momento, hay 51 universidades que, precisamente, están en el proceso de licenciamiento.
Cierre y planes
Como consecuencia de la denegatoria de una licencia, las universidades deberán iniciar procesos ordenados de cese de actividades, con un plazo máximo de dos años.
De manera inmediata, las universidades con licencia denegada quedan impedidas captar nuevo alumnado mediante cualquier mecanismo. La Sunedu supervisará que los procesos de cese se lleven a cabo garantizando los derechos de las y los estudiantes.