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La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), mediante resolución de su Consejo Directivo, ha denegado la solicitud de licenciamiento institucional presentada por la Universidad Santo Domingo de Guzmán (USDG). En consecuencia, esta casa de estudios queda impedida de realizar nuevos procesos de admisión y debe iniciar un proceso ordenado de cese de actividades, supervisado por la Sunedu, con un plazo máximo de dos años.
A la fecha, la Sunedu ha otorgado 86 licenciamientos y ha denegado 35 solicitudes a universidades y escuelas de posgrado en todo el país.
En este caso, la USDG no pudo demostrar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria, y tampoco presentó un Plan de Adecuación con presupuesto detallado y acciones concretas para subsanar las observaciones realizadas por la Superintendencia.
La USDG es una universidad privada de naturaleza societaria que opera desde hace siete años en una única sede ubicada en Jicamarca, distrito de San Antonio de Huarochirí (Lima). Atiende a 477 estudiantes de pregrado que cursan los programas académicos de Educación Inicial, Educación Primaria, Ingeniería de Negocios e Ingeniería de Sistemas e Informática.
Entre las principales deficiencias detectadas por la Sunedu se encuentra que sus programas académicos presentan incongruencias respecto al número de créditos, horas lectivas y tipos de cursos consignados en los documentos académicos, con lo que no ofrece a las y los postulantes información clara sobre sus planes de estudios. “Además, se constató la oferta de un programa académico no autorizado”, remarca.
La universidad no cumple su propia normativa respecto a los procesos de admisión, asimismo no ha podido demostrar que su Plan de Gestión de la Calidad impactara de forma concreta a la mejora educativa.
“La universidad no tiene todos los laboratorios y talleres con equipamientos implementados que requieren los programas académicos ofrecidos, ni el personal responsable y designado para mantenimiento del equipamiento”, sostiene Sunedu.
Por otro lado, la universidad no demostró la actualización permanente de su bolsa de trabajo y tampoco demostró realizar actividades orientadas a la inserción laboral. Solo el 4% de sus egresados son titulados.
La casa de estudios no cumple con los requerimientos de transparencia que establece la Ley Universitaria: no publica datos actualizados de sus proyectos de investigación, no incluye su tabla de pensiones en el portal web universitario, ni tampoco publica su plana docente, entre otra información exigida.