Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) se pronuncia sobre el dictamen aprobado por insistencia en el pleno del Congreso el pasado 13 de julio. (Foto: Andina)
Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) se pronuncia sobre el dictamen aprobado por insistencia en el pleno del Congreso el pasado 13 de julio. (Foto: Andina)

Luego de la aprobación por insistencia en el pleno del Congreso de las modificaciones a la Ley Universitaria 30220, la Superintendencia Nacional de Educación Superior () reiteró que afectará los avances en el marco de la reforma universitaria. Indicó que la eliminación de la rectoría del Ministerio de Educación () atentará directamente contra las universidades públicas.

En un , la institución lamentó la aprobación de las modificaciones a la Ley Universitaria, el pasado 13 de julio. Remarcó que desde la presentación del proyecto hasta su admisión por insistencia ha expuesto argumentos técnicos y legales sobre el retroceso que significa este cambio normativo en la calidad del sistema de educación superior universitaria.

El proceso de reforma universitaria ha cumplido recientemente ocho años, constituyéndose como una de las pocas políticas públicas consolidadas de los últimos tiempos, mencionó.

La Sunedu recordó que los ataques a la institución han sido constantes por parte de algunos detractores de la reforma. Mencionó que éstos fueron de “corte político y basados en falsedades”, dejando de lado en la discusión, los verdaderos alcances de la contrarreforma apenas aprobada.

“Los promotores y defensores de dicha norma aseguran que la Sunedu aún tiene la facultad de licenciar universidades, sin mencionar que esta norma retira expresamente la potestad de licenciar programas como el de medicina, proceso actualmente en curso y que, a la fecha, ya ha beneficiado a 10 programas y a más de 9.000 estudiantes”, se lee en el comunicado.

“Los próximos procesos de licenciamiento de programas a ponerse en marcha eran los de ingeniería y educación. Se había decidido por estas carreras debido al impacto directo que tienen en la población, para así poder garantizar la formación de calidad de los futuros médicos, ingenieros y profesores, siendo esta una tarea urgente para el desarrollo del país y el cierre de brechas”, agregó.

Asimismo, la institución mencionó que la aprobación de este dictamen por insistencia también ha retirado de manera expresa la posibilidad de actualizar y modificar las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), poniéndose en riesgo la revisión continua que se requiere en la formación de profesionales.

Igualmente, agregó que esta norma “ha eliminado la rectoría del Ministerio de Educación en la política de calidad de la educación superior, lo que atenta directamente contra las universidades públicas quienes durante los últimos años estuvieron recibiendo presupuesto adicional para lograr el licenciamiento y así asegurar la adecuación tanto de las sedes autorizadas como de sus filiales, favoreciendo a estudiantes de todas las regiones del país”.

Otro cuestionamiento al dictamen aprobado por el Parlamento, según la Sunedu, es la presencia de representantes de universidades en el Consejo Directivo de citada institución.

Le restaría el carácter técnico y autónomo a la institución, pues no se han contemplado las garantías necesarias para la elección de los futuros miembros de ese Consejo Directivo. De esa manera, se expone a la institución a que pueda responder a intereses políticos o económicos, a diferencia de lo que acontece actualmente, donde el actual Consejo Directivo está integrado por reconocidos profesionales independientes con experiencia en docencia universitaria e investigación”, añadió.

En esa línea, el Consejo Directivo de la Sunedu exhortó a las universidades públicas y privadas, UNESCO, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de Educación, a las y los estudiantes organizados e instituciones de la sociedad civil que mostraron su oposición a esta contrarreforma a mantenerse en vigilancia permanente a fin de garantizar el derecho a la educación universitaria de calidad de cientos de miles de estudiantes peruanos.

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