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La situación de las libertades de expresión y de prensa están en su peor momento de las últimas dos décadas en Perú, consideró la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Dicha sociedad incluyó al Gobierno que preside Pedro Castillo entre las instituciones que más afectan estos derechos.
“Ahora no son solo las instituciones tradicionales de agresión, como el Congreso y el Poder Judicial, sino, sobre todo, el Poder Ejecutivo”, remarcó la SIP en su informe semestral sobre Perú, aún pendiente de aprobación.
El organismo alertó que la Fiscalía de la Nación también ha abierto “investigaciones contra periodistas por el mero hecho de informar, además de perseguir a periodistas y ciudadanos por sus posiciones políticas durante las elecciones presidenciales del 2021″.
Detalló que la plataforma Vigilantes, liderada por Transparencia e integrada por organizaciones de la sociedad civil como el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), señaló que cuatro de los siete puntos que evalúa en cuanto a libertad de expresión y de prensa “están considerados en alerta muy grave” en Perú.
Estos incluyen garantizar y fortalecer la independencia del Instituto Peruano de Radio y Televisión; garantizar la transparencia y publicidad de procesos de contratación de publicidad estatal; y no limitar, restringir o prohibir que los periodistas busquen, reciban o expresen información libremente.
Además, no usar la vía judicial ni el poder político, directa o indirectamente, para intimidar u hostigar a periodistas y medios de prensa críticos al Gobierno.
La SIP añadió que el CPP “señala que Castillo es el presidente menos comprometido con la libertad de expresión desde Alberto Fujimori” (1990-2000).
“El Poder Ejecutivo es la institución que más agrede, retórica y físicamente, a los periodistas, especialmente aquellos que indagan sobre los presuntos actos de corrupción del Gobierno”, sostuvo.
El informe agregó que “las agresiones del Poder Legislativo continúan, pero con menos virulencias que en períodos anteriores” y que el actual Congreso “no tiene la retórica ni iniciativas antilibertad de prensa” de parlamentos anteriores.
Entre los sucesos mencionados, figura que el 8 de enero pasado un grupo de fiscales y policías allanó la casa del periodista Pedro Salinas, coautor del libro “Mitad monjes, mitad soldados”, y que en marzo abrió una investigación a más de 20 personas, entre ellas el escritor Mario Vargas Llosa, “por esgrimir hipótesis y dar opiniones acerca de un eventual fraude electoral en la segunda vuelta del 2021 que, como quedó demostrado, no ocurrió”.
El organismo también alertó que “grupos violentos de ciudadanos se convirtieron en una de las principales formas de agresión contra periodistas” y mencionó, entre estos, a “aliados a la ultraderecha y al fujimorismo”, entre ellos a la autodenominada “Legión de Patriotas del Perú” y el grupo “La Resistencia”.
Señaló, además, que el empresario y político César Acuña denunció ante los tribunales a los periodistas Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel, y a la editorial Penguin Random House, que este último dirige, por supuestas frases difamatorias que aparecen en el libro “Plata como cancha”.
En enero, Acosta y Pimentel fueron condenados a dos años de prisión suspendida (sin ingresar a la cárcel) y al pago de una reparación civil de S/ 400,000 (unos US$ 100,000).
Además, en marzo un grupo de simpatizantes del Gobierno “atacó, a golpes y a chicotazos (latigazos)”, a por lo menos cinco periodistas mientras cubrían en las afueras del Congreso el pedido de confianza del gabinete que preside el jurista Aníbal Torres.
La SIP recordó en su informe que “tras más de treinta años” todavía permanecen impunes los asesinatos de los periodistas Melissa Alfaro, Hugo Bustíos y Jaime Ayala, aunque indicó que “recientemente se inició un juicio oral” sobre este último caso.
