El Sindicato de Pescadores del Puerto de Chimbote “José Olaya Balandra” (JOB) expresó su rechazo a las declaraciones del juez supremo Manuel Luján Túpez, Coordinador Nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio del Poder Judicial, quien afirmó que los pescadores industriales están “mimetizándose” igual que en el pasado lo hicieron los terroristas para expandir su actividad ilícita y que “están dejando sin comida a quienes lo necesitan”.
Como era de esperarse, el gremio no tardó en responder y mediante una nota de prensa calificó estas afirmaciones como una muestra de desconocimiento -que también se aplica sobre el Ministerio Público - sobre la actividad pesquera y su regulación en la Ley General de Pesca.
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César Córdova Ponce, abogado asesor del sindicato de pescadores JOB, expresó que la pesca industrial es una de las actividades económicas más importantes del país, como fuente de trabajo, de alimentación y de inversión, y representa el 2% del PBI total nacional, por lo que ser tratada como una actividad ilícita vulnera la dignidad de miles de pescadores industriales.
Sindicato cuestiona Ley de Extinción de Dominio
El Sindicato de Pescadores también criticó la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio (Decreto Legislativo 1373), destacando que permite la confiscación de bienes sin un análisis exhaustivo, lo que consideran una “confiscación encubierta” que infringe el derecho al trabajo, a la propiedad y a la presunción de inocencia.
Córdova añadió que, en 2024, la mala aplicación de esta ley impidió que numerosas familias pesqueras pudieran salir a pescar, lo que resultó en la pérdida de miles de toneladas de anchoveta.
“Saludamos la participación activa y comprometida de la Defensoría del Pueblo que ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1373, al cual considera confiscatorio, abusivo e inconstitucional, posición que compartimos y que es respaldada por connotados juristas, por lo que permanecemos atentos a que el Tribunal Constitucional se pronuncie de manera justa y objetiva”, indicó el asesor sindical.
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Finalmente, el Sindicato JOB hizo un llamado a los parlamentarios para que detengan a tiempo estos abusos. “Puede ser el inicio de una serie de incautaciones ilegales e injustas con funestas consecuencias laborales, por lo que les solicitamos que, en uso de sus facultades legisladoras y fiscalizadoras, intervengan en este caso de manera inmediata”, remarcó su representante.
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