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El Congreso de la República del Perú aprobó la Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2025, que asciende los S/ 251,801 millones y representa un incremento del 4.56% con respecto al presupuesto inicial del 2024. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, surge la pregunta: ¿cuánto y cómo se usará presupuesto asignado a este grupo de personas?
El órgano legislativo publicó la Ley N° 32139, donde se establece un porcentaje del presupuesto institucional de los gobiernos regionales y locales para actividades y proyectos dirigidos a la atención de personas con discapacidad, junto con otras medidas complementarias.
Según esta norma, el Gobierno debe destinar anualmente el 0.5% de su presupuesto público a la ejecución de obras, reparaciones o adecuaciones dentro del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversores.
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Dentro de estas obras están incluidas el mantenimiento para mejorar o garantizar la accesibilidad de la infraestructura urbana, al igual que el acceso a sedes regionales y municipales, con la prioridad de quienes están en situación de discapacidad.
Por otra parte, el otro 0.5% del presupuesto está destinado a financiar gastos operativos, planes y servicios de las oficinas regionales (Oredis) y municipales (Omaped) de atención a personas con discapacidad, establecidos en la Ley N° 29973.
Ante esto, Karla Gaviño, especialista en inversión pública y profesora de la Escuela de Gestión Pública de la UP, comentó a Gestión que desde hace tiempo se estaría dando un mal uso al presupuesto destinado a personas con discapacidad.
“Es llamativo que cerca del 50% aproximadamente de los recursos que destinan los gobiernos regionales y locales para la atención de personas con discapacidad estén destinadas a la contratación del personal. Esto quiere decir que la mitad del presupuesto no se está destinando a hacer obras, a la prestación de servicios, a la habilitación de infraestructura y de equipos, pensando en esta población que se encuentra un poco invisibilizada”, añadió.
La especialista también señaló que aún falta un entendimiento profundo por parte de las autoridades, además de que falta mayor comprensión en todo un ordenamiento jurídico que les exigen a ellos ejecutar infraestructura e inversión pública atendiendo a las personas con discapacidad, que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), representan el 10% (más de 3 millones de personas) de la población peruana.
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De ese total, el 80% requiere algún tipo de asistencia para realizar sus actividades cotidianas; mientras que la mitad no cuenta con ese apoyo, según indicó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
En ese sentido, Gaviño incidió en que el Gobierno debe mejorar la infraestructura pública para esta población, al igual que se debe hacer una mejora en el servicio de transportes para personas con discapacidad.
“Tanto en zonas urbanas como zonas rurales, podemos ver que no hay avances en establecimientos públicos de atención de salud (...). Los colegios públicos y el transporte público, donde no contamos con las características necesarias para atender, enfocar e incorporar a esta población”, aseguró.
Un trabajo en conjunto
La especialista mencionó que aunque existen avances en el apoyo a esta población, aún “falta gestión pública para hacer cosas” y de esta forma “aplicar esto que está en papel a la realidad”. “Se necesita más sinergia por parte de Conadis (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad), con el Minsa, con EsSalud, con los gobiernos regionales, entre otros”, afirmó.
Por otra parte, subrayó la necesidad de crear iniciativas inclusivas para esta población por parte del Gobierno. “En el marco de los premios que se dan por las buenas prácticas de gestión pública, se reconoció un transporte público que fue iniciativa distrital de San Isidro, que era inclusivo para personas con silla de ruedas. Ellos avisaban, a través de una aplicación, sobre las horas a las que iban a pasar y, de esta forma, estén atentos para abordar este sistema de transporte”, indicó.
Además, mostró su deseo de que estas prácticas no queden como “actos aislados de algunas municipales”, sino que “formen parte parte de toda una visión de desarrollo urbano y del país para la inclusión para personas con discapacidad”. De esta forma, esta población podrá desplazarse de un distrito a otro en silla de ruedas.
“El Poder Ejecutivo tiene que estar más cerca en los procesos de formulación de proyectos e identificación de necesidades (para personas con discapacidad) y no solo solo dejarle la tarea a los gobiernos locales y regionales”, concluyó.
Ciudades inclusivas
En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad para promover sus derechos y bienestar. Con este objetivo, se centra la atención en el empoderamiento de las personas con discapacidad para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, tal como se recoge en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana (NAU).
Los principios del diseño universal establecen que cualquier espacio debe pensarse para que puedan usarlo todas las personas, sin discriminar o estigmatizar. El acceso al espacio público exige que su planeación se adapte a capacidades variadas.
De acuerdo a las características de quienes la recorren, una vía incluyente contempla, entre otros aspectos, cruces seguros y accesibles, señalamientos adecuados, visibilidad en el espacio, reducción de la velocidad en entornos como escuelas o parques, sistemas de orientación intuitivos, señalización con marcas legibles -vertical y horizontal-, lugares de descanso, superficies antiderrapantes, tiempo suficiente de cruce en intersecciones, banquetas o cruces peatonales con rutas continuas sin escalones, pavimento podotáctil, semáforos audibles e información a través de más dos sentidos.
Algunas ciudades que se caracterizan por ser inclusivas:
Santander, España. En 2009 esta ciudad europea recibió varios galardones por ser accesible para personas con discapacidad física y sensorial, por ejemplo, los semáforos de las calles están adaptados para personas con discapacidad visual.
Milán, Italia. Esta ciudad ganó el premio Access City Award en el 2016. Sus monumentos y edificios históricos son accesibles para personas con movilidad reducida.
Seattle, Estados Unidos. Esta ciudad de Washington cuenta con una red de transporte adecuado para personas que usan sillas de ruedas.
Berlín, Alemania. Cines, teatros, cafeterías y restaurantes son espacios totalmente accesibles para personas que usan sillas de ruedas.
Salzburgo, Austria. Esta ciudad presenta diversas atracciones accesibles para personas con discapacidad como iglesias, teatros, hoteles y restaurantes.
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