Examen psiquiátrico para matrimonio civil, ¿propuesta incurriría en discriminación?

El objetivo del proyecto de ley, que se presentó en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, busca modificar el artículo 248 del Código Civil, “mejorar los requisitos para el matrimonio civil y así coadyuvar a la consolidación de la familia en la sociedad”. La iniciativa legislativa ya fue elevada a la Mesa Directiva que podría trasladarla a otra comisión o al Pleno donde se debatiría su aprobación.

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La propuesta legislativa plantea no solo la evaluación psiquiátrica, sino que el resultado sea de conocimiento recíproco de los contrayentes, de manera que puedan tomar una decisión “transparente”. Asimismo, se basa en el absoluto convencimiento de que la única forma de combatir la violencia entre las personas es fortaleciendo en cada una de ellas la formación de valores y la salud mental.

“Esto es para que las personas que estén por casarse tomen la mejor decisión pasando por un examen psiquiátrico en los hospitales del Estado y asegurar con qué persona me voy a casar porque ahora vivimos mucha violencia familiar”, indicó la legisladora de APP a Gestión.

Al respecto, Carmen Sánchez, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), sostuvo que un examen psiquiátrico no soluciona una problemática tan seria.

“Hay un aspecto relevante que recoge el proyecto de ley propuesto que es la presencia de violencia cada vez más frecuente en el entorno familiar; sin embargo, no se presentan estadísticas que sustenten que solo las personas que tienen problemas psiquiátricos generan violencia en el contexto familiar. La problemática de la violencia es multicausal y atraviesa no solo el sistema familiar, sino también todo el sistema social”, remarcó a Gestión.

Sánchez, quien también es especialista en terapia familiar, consideró que la iniciativa legislativa incurriría en discriminación. “Se partiría de un desconocimiento de la salud mental, el tener un problema psiquiátrico no te inhabilita para formar una familia. Muchas personas que llevan tratamientos psiquiátricos a la vez llevan psicoterapia y desarrollan recursos personales que les permite afrontar de forma adecuada situaciones estresantes o difíciles de su entorno”, agregó.

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En respuesta, la congresista María Acuña rechazó que su propuesta sea discriminatoria. “De ninguna manera, por el contrario, nosotros estamos trabajando y haciendo un proyecto de ley para la cura de la salud mental. El objetivo es hacerle un seguimiento para que esta persona pueda tratarse, pueda curarse y no tener problemas de violencia familiar en algún momento que decida casarse”.

Además, aclaró que el proyecto de ley no impide el contraer matrimonio. “No, imposibilita la decisión de casarte, simplemente que te va a dar la opción de conocer a la persona qué problemas psiquiátricos y psicológicos tiene y tomar la decisión para que luego los centros de salud le hagan un seguimiento a esta persona si fuera el caso”.

¿El proyecto de ley es acertado?

El Decano del Colegio de Psicólogos del Perú, Miguel Vallejos, calificó la propuesta legislativa de la congresista María Acuña como “desatinada” al proponer incluir un examen psiquiátrico como requisito para matrimonio civil. Señaló que esto reflejaría que hay que sufrir de un trastorno psiquiátrico para casarse, “cuando no es así”.

En esa línea, opinó que una orientación psicológica sería una opción que podría ser considerada como requisito cuando una pareja quiere contraer matrimonio.

“Creo que es una propuesta bastante desatinada plantear una evaluación psiquiátrica a los futuros esposos; estaríamos pensando que los que se van a casar van a cometer una suerte de locura. El proyecto de ley debe apuntar hacia una suerte de educación para el matrimonio, que sería lo más atinado para poder enseñarles lo que es ser pareja, sobre la comunicación, cómo actuar cuando ya son padres, entre otros temas”, indicó a Gestión.

“La orientación psicológica sería un requisito para poder impactar, concientizar y sensibilizar a la pareja que los problemas pueden solucionarse de la manera adecuada, recordando la comunicación, y si no puede manejarlo recibir una orientación psicológica para llevar la psicoterapia de pareja para que lo puedan resolver, y ya la pareja tome la decisión de casarse. En el caso de un examen psiquiátrico no garantiza la estabilidad de la pareja hacia el futuro”, añadió.

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En esa línea sostuvo que este tema es “sensible”, por lo que implica un mayor análisis, y debería contar con otros aportes de especialistas en el tema para convertirlo en un buen proyecto.

Respecto al proyecto de ley, la abogada y docente de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), Yelena Meza Torres, comentó que el tema de la salud mental es muy delicado, ya que hay estadísticas del Ministerio de Salud (Minsa) que señalan que de cada 10 peruanos dos padecen de algún trastorno mental, y consideró que eso no lo puede resolver el derecho.

“Un examen psiquiátrico para contraer matrimonio civil no garantiza la estabilidad de la pareja en el futuro y esto debido a que no podemos pretender establecer que el origen de los problemas o conflictos familiares sean solo temas de salud mental” citó.

Por ello, indicó que la iniciativa no podrá prosperar “aunque parezca crudo debido a que probablemente la mayoría de las parejas refleje un problema de salud mental en el examen médico y no podría cumplir con el requisito para poder contraer matrimonio”.

¿Qué efectos tendría el proyecto de aprobarse?

El titular del Colegio de Psicólogos del Perú, Miguel Vallejos, alertó que si esto no se legisla adecuadamente, podría convertirse en un tema burocrático que termine llevando a las parejas a la convivencia, antes que el matrimonio, y podría generar la emisión de certificados de examen psiquiátrico falsos.

Asimismo, comentó que los resultados de un examen psiquiátrico podrían ser mal usados por la pareja en un futuro.

“Nadie está inmune de tener un problema de salud mental. En algún momento puede haber crisis o fatalidades, y eso no debe ser causal para que su pareja o un tercero use esa información con otros fines. También cuando pelean puede darse el caso que se digan ‘eres una neurótica o esquizofrénica’ o ‘eres un psicópata’, y ahí ya se producen más daño”, agregó.

Otro punto en contra, mencionó Vallejos, es que existe un déficit de psiquiatras, por lo que no habría profesionales con esta especialidad en todo el país para realizar el examen psiquiátrico.

“En el Perú, hay 1,250 aproximadamente. ¿Cómo se evaluaría a las parejas? Además, ese tipo de evaluación psiquiátrica no garantiza la estabilidad de la pareja en un futuro”, añadió.

Por su parte, la abogada y docente de la UTP, Yelena Meza Torres manifestó a Gestión que el proyecto de ley de examen psiquiátrico cae en el error de asimilar conceptos de matrimonio y la familia, ya que desde hace muchos años atrás nuestra sociedad y el sistema jurídico ha entendido que el matrimonio ya no es la única forma de formar familias.

Precisar ello, según dijo, sería desconocer que existen la relaciones de unión de hecho, reconocidas constitucionalmente y asimiladas al matrimonio [art. 5 de la Const].

“El proyecto de ley mencionado es muy peligroso porque habla de desconocer a otros modelos de familias, como es el caso de las familias ensambladas o reconstruidas reconocidas ya por nuestro Tribunal Constitucional. La propuesta no ha entendido que el matrimonio no es la única forma de crear familias, ya que este concepto supera todo tipo de institución legal que pretenda regularlo, tal es así que, la supremacía de la realidad nos dice que nuestra sociedad el día de hoy tiene familias extensivas, monoparentales, ensambladas y por qué negarlo, inclusive, homoafectivas”, precisó.

“El Estado no puede controlar de ninguna forma el derecho fundamental de las personas a construir sus familias, lo que sí podría controlar es el acceso al matrimonio. Entonces, realmente no logramos conseguir familias u hogares sólidos con el proyecto de ley ya que solo esta direccionado a un grupo de familias, que quizás no constituyan ser la gran mayoría”, agregó.

¿Disminuiría la cifra de violencia familiar?

La docente de la UPC, Carmen Sánchez, mencionó que si la propuesta es erradicar la violencia familiar hay que tomar otras decisiones y trabajar en forma conjunta con los colegios profesionales para plantear iniciativas efectivas. “Si la propuesta es erradicar la violencia familiar hay que tomar otras decisiones y trabajar en forma conjunta con los colegios profesionales para plantear propuestas efectivas”, dijo.

“Los resultados de un examen no brindan una solución. Hay que proponer estrategias que ayuden a nuestra población a manejar sus emociones, que tengan formas de afrontamiento a las situaciones estresantes de forma efectiva, que se puedan comunicar en forma asertiva y eso se logra a través de talleres dirigidos por profesionales de la salud mental”.

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Asimismo, la abogada Yelena Meza Torres señaló que si el propósito de la ley es conseguir lograr familias más estables, con mejores valores, eso se trabaja con políticas de educación y desarrollo como Estado y no con obligar a someterse a un examen médico con el objeto de determinar si padece de un problema de salud mental o no para contraer matrimonio.

“Si bien es cierto que uno de los factores para que un matrimonio se quiebre es por culpa de la violencia familiar, esto no quiere decir que solo exista violencia en los matrimonios, sino en todas las relaciones familiares; por lo tanto, dejo como pregunta ¿el proyecto solo estaría destinado a erradicar la violencia en los hogares producto del matrimonio?”.

En tanto, Alex Plácido, docente de la carrera de Derecho de UPC, citó que el abordaje de la violencia contra la mujer y familiar importa un cambio generacional que exige políticas y acciones públicas para prevenirla mediante la erradicación de estereotipos de género que contribuyen a su normalización. “Es una cuestión de mayor envergadura que con la iniciativa legislativa no se aborda”, sostuvo a Gestión.

Proponen orientación psicológica antes de casarse

El titular Decano del Colegio de Psicólogos del Perú, Miguel Vallejos, propuso un curso orientación psicológica para la pareja que busca casarse a fin de obtener un certificado.

“La pareja podría estar bien, pero durante la relación se podría enfermar psicológicamente. En el transcurso de la vida, muchas veces no compatibilizamos o no tenemos los mismos proyectos, y luego viene un hijo y produce mayor estrés, y empiezan los conflictos, por eso la importancia de una orientación, y no un examen psiquiátrico”, mencionó.

En esa línea, remarcó la importancia de un curso de orientación psicológica. Explicó que, en este caso, se evaluaría el bienestar psicológico de la pareja. Es decir, cómo están las emociones y habilidades blandas de ambos, cuáles son sus proyectos de vida, cómo vienen manejando su autoestima, y con qué herramientas cuentan para afrontar crisis.

“Estaría orientado a darles habilidades de convivencia y manejo de parejas, y si es que, en algún momento la relación no funciona pues sabrán el proceso de separación adecuado y no hacerse daño, ni tampoco a los hijos. Creo que un curso introductorio de un par de meses u otro plazo se puede diseñar con los objetivos para contraer matrimonio. Se podría hacer el curso con cuatro sesiones y aclarar por qué se están casando porque muchas personas pueden estar ilusionadas o ya tienen hijos, pero no con el compromiso de tener una larga convivencia”, dijo.

Al ser consultada Sánchez, docente de la carrera de Psicología de la UPC, sobre si esta propuesta de orientación psicológica como requisito para contraer matrimonio ocasionaría poca voluntad de la pareja en casarse, señaló que no cree esta posibilidad porque cuando dos personas toman esta decisión debe ser intacta.

“La voluntad de la pareja si quiere casarse va a estar intacta. La propuesta planteada [del Colegio de Psicólogos] es que la pareja sea consciente de la importancia de constituir una familia y que para lograr una adecuada estabilidad dentro de este entorno necesita activar una serie de recursos personales para hacer frente a las situaciones difíciles que se pueden presentar dentro del contexto familiar o fuera de él y que terminan afectando a cada uno de los integrantes del sistema”, citó.

No obstante, sugirió que se debería apostar por trabajar en todos los contextos para cambiar esta realidad.

Mencionó como ejemplos trabajar con niños y adolescentes desde los colegios sobre el manejo de las emociones, ayudarlos a través de talleres que tengan formas de comunicación más efectiva para la solución problemas. Además, incluir a instituciones como la iglesia, centros de salud, centros de salud mental comunitario, comisarias, etc.

“En el caso de las personas que quieran contraer matrimonio sensibilizarlos y ayudarlos a tomar conciencia de la importancia del manejo de las emociones, tener una comunicación efectiva, aprender formas saludables de enfrentar el estrés, y lo podemos lograr a través de talleres dirigidos por profesionales de la salud mental como psicólogos, terapeutas de pareja y familia”, precisó.

¿Afecta algún derecho?

Durante su exposición de motivos, la congresista Acuña Peralta, si bien señaló que de acuerdo a la Ley 30947, Ley de Salud Mental, la evaluación médica en salud mental es voluntaria, es decir, ninguna persona puede ser obligado a someterse a un examen médico con el objeto de determinar si padece de un problema de salud mental o no, su proyecto de ley no afecta ningún derecho.

Como especialista en terapia familiar, la docente de la carrera de Psicología de la UPC, Carmen Sánchez, opinó que la evaluación de la salud mental y el dar conocer a los resultados es una potestad que tiene la persona, y el hacerlo obligatorio atentaría su derecho.

En tanto, la abogada Yelena Meza Torres, docente de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), recordó que Ley de Salud Mental, prevé que el sometimiento a una evaluación médica en salud mental es voluntario y la única excepción lo constituye situaciones de emergencia y exámenes ocupacionales.

“Definitivamente la propuesta legislativa mencionada colisiona con lo establecido por la ley, generando una incompatibilidad no solo en el plano normativo, sino, también, porque existe una vulneración a los derechos de la persona en cuanto a su derecho a la intimidad, a la dignidad y a la confidencialidad de la información relacionada con su estado de salud”, citó.

Alex Plácido, docente de la carrera de Derecho de UPC, citó que el Perú ratificó en el año 2007 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado de derechos humanos con rango constitucional. En su artículo 23, literal a, se precisa: Se reconoce el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges.

Por dicho motivo, explicó que, con el literal a) de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo 1384, se derogó el impedimento matrimonial dirimente referido a “los que padecieran crónicamente de enfermedad mental, aunque tenga intervalos lúcidos”, que estuvo previsto en el numeral 3 del artículo 241 del Código Civil; como también el numeral 1 del artículo 274 del Código Civil que lo regulaba como causal de nulidad del matrimonio.

Siendo así, manifestó Plácido a Gestión que no hay legitimidad para exigir un certificado de evaluación psiquiátrico a quienes pretendan contraer matrimonio. “La iniciativa legislativa debe ser desestimada”, anotó.

SOBRE EL AUTOR

Iveth Guzmán Castillo

Ingresó al Grupo El Comercio en el mes de noviembre de 2018 y se desempeñó como redactora web del Núcleo Comunes. Actualmente escribe para Gestión. Licenciada en Periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza.