La concesionaria Rutas de Lima impugnará la decisión que tomó el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín, al suspender el cobro de peajes en Conchán, informó Ives Becerra, director legal de la empresa.
En el programa “Cuentas Claras” de Canal N, tras ser consultado si esta decisión del Poder Judicial será presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el defensor respondió que seguirán “haciendo respetar los derechos”.
“Esta es una campaña de demolición sistemática contra una inversión. Rutas del Lima es una concesión autosostenible que solo subsiste con peajes. Seguimos pagando a creedores. proveedores, trabajadores, prestando los servicios al usuario, con los flujos que nos están quitando de a pocos. Evidentemente hemos hecho una reserva de derechos. Seguiremos impugnando este tipo de decisiones arbitrarias y vamos a hacer respetar nuestros derechos en los foros que correspondan”, indicó el abogado.
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Asimismo, Ives Becerra precisó que la Municipalidad de Lima tiene la responsabilidad de construir vías alternas para el manejo de los usuarios, mientras que Rutas de Lima solo se encarga de las vías concesionadas.
“La responsabilidad de la habilitación, rehabilitación o la construcción de vías alternas. nuevas o existentes, corresponde a la Municipalidad de Lima. Y esto no solamente es por mandato legal, el Tribunal Constitucional así lo ha determinado, aclarando su sentencia emitida en el tramo norte. Se menciona textualmente que a la Municipalidad de Lima le corresponde construir vías alternas y que, en el caso del norte, el municipio se encuentra en la ineludible obligación de no dilatar ni ralentizar la construcción de vías alternas. Rutas de Lima se encarga de las vías concesionadas”, acotó.
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Como se recuerda, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín, como parte de un proceso de hábeas corpus, ordenó suspender el cobro de peajes en Conchan, perteneciente a la concesionaria Rutas de Lima. La empresa anunció que esta decisión judicial, pero calificó como la resolución judicial como “arbitraria” y contraria al marco normativo.
