La concesionaria Rutas de Lima informó que la Fiscalía de Prevención del Delito, a través de la Disposición fiscal N° 01, inició un procedimiento preventivo ante el anuncio del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga de ejecutar la “recuperación de los peajes”.
La empresa indicó que dicha instancia decidió “dar inicio al procedimiento preventivo contra los que resulten responsables con relación a los delitos de usurpación agravada, daño agravado, entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbios y abuso de autoridad, en agravio de RDL”.
En consecuencia, se ha realizado una inspección en los peajes para validar el estado de la infraestructura y se han dictado las siguientes medidas.
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“El 29 de julio del 2023 a partir de las 00:00 horas, personal policial de la Comisaría de Ancón, Comisaría de Santa Rosa, Comisaría de Puente Piedra, Comisaría de Zapallal y Comisaría La Ensenada adopten las acciones preventivas y disuasivas en el presente caso, además, se encuentren en alerta permanente y se constituyan en número suficiente a las diferentes zonas que corresponda a su jurisdicción en las cuales se podrían llevar a cabo concentración de personas para dichas manifestaciones y el desplazamiento de protestantes, asimismo, se adopten las medidas pertinentes a efectos de evitar posibles alteraciones a la tranquilidad pública y la comisión de otros ilícitos penales que pudieran suscitarse antes, durante y después del desarrollo de la referida movilización”, refirió en un comunicado Rutas de Lima.
Añadió que en caso de evidenciarse flagrancia delictiva o la comisión de hechos ilícitos, el representante de las comisarias mencionadas deberán comunicar de forma inmediata a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Turno correspondiente.
“Remitir a esta Fiscalía, en el plazo de cinco días y bajo responsabilidad funcional, el informe policial respectivo con el resultado de las actuaciones policiales efectuadas en el presente caso, siendo que dicho informe deberá ser remitido debidamente sustentado con la documentación pertinente y en el plazo dispuesto, el cual se contabilizará una vez culminado la manifestación antes indicada”, detalla el documento.
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Además, deberán oficiar a la responsable de la sub prefectura de los distritos Puente Piedra y Santa Rosa a fin de efectuar la recomendación respectiva con la finalidad de que actúen en el marco de sus atribuciones legales.
Esto permitirá que tanto el Ministerio Público y la Policía Nacional procedan con mejor información en el marco de sus competencias, debiendo remitir en el plazo de cinco días y bajo responsabilidad funcional el informe respectivo con el resultado de las actuaciones adoptadas en el presente caso, siendo que dicho plazo se contabilizará una vez culminado la manifestación antes indicada.
“El personal fiscal y administrativo se constituya con fecha 29 de julio de 2023 a las instalaciones del centro de cámaras de vigilancia ubicados en los distritos de nuestra competencia con la finalidad de monitorear el desarrollo de la movilización señalada líneas arriba”, agregó.
Finalmente, la concesionaria invoca a las demás autoridades del país a preservar el Estado Constitucional de Derecho y abstenerse de realizar incitaciones que llamen a la violencia.
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