Luego de que algunas municipalidades como Miraflores y San Isisdro criticaron la labor realizada por los revisores urbanos, este gremio respondió señalando que la aprobación de los proyectos inmobiliarios se realizar en cumplimiento de la normativa vigente.
“Han lanzado acusaciones sin fundamento sobre la labor de los revisores urbanos, cuestionando la transparencia y la legalidad del trabajo que realizamos en los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y otras obras urbanas. Es fundamental aclarar que estas afirmaciones no solo son incorrectas, sino que también ponen en riesgo el desarrollo urbano ordenado y el derecho de muchos ciudadanos a acceder a una vivienda digna”, señaló la Asociación de Revisores Urbanos del Perú (ARUP).
“Los revisores urbanos actúan bajo el estricto marco legal establecido por la Ley 29090 y sus reglamentos, que fueron implementados por el Ministerio de Vivienda con el propósito de agilizar y transparentar los procesos de revisión de proyectos inmobiliarios. Nuestra labor es exclusivamente técnica, sin ninguna capacidad para modificar o inaplicar las normativas vigentes. Cualquier proyecto aprobado por un revisor urbano cumple con los criterios legales y técnicos establecidos por las autoridades competentes”, sostuvo la ARUP.
Agregó que las críticas vertidas por algunos alcaldes, quienes señalan que los revisores urbanos aprueban proyectos que atentan contra la zonificación o desvirtúan el desarrollo urbano, carecen de fundamento.
“La función del revisor urbano es revisar técnicamente y validar que los proyectos cumplan con todas las disposiciones normativas. No existe ni ha existido la posibilidad de que un revisor apruebe proyectos que violen las normativas vigentes. Estas afirmaciones solo contribuyen a desinformar a la población y generan un clima de desconfianza hacia un mecanismo que ha sido creado justamente para agilizar los procesos urbanísticos sin sacrificar el cumplimiento de la ley”, remarcó la ARUP.
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Indicó que los revisores urbanos colaboran estrechamente con las municipalidades para garantizar que los proyectos se ajusten a los parámetros urbanísticos y edilicios de cada distrito, y su labor es sometida a constantes auditorías y evaluaciones por parte del Ministerio de Vivienda.
“La aprobación de proyectos por medio de revisores urbanos no excluye la supervisión posterior de las municipalidades, quienes tienen la potestad de realizar verificaciones adicionales si lo consideran necesario”, anotó la ARUP.
“Nos mantenemos abiertos al diálogo y a la colaboración con las autoridades municipales y nacionales, siempre que estas interacciones se desarrollen en un marco de respeto y con la finalidad de contribuir al bienestar de los ciudadanos”, sostuvo el gremio.
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