El incumplimiento de normas legales en el ámbito empresarial no se limita a la imposición de multas o sanciones administrativas. En un mercado cada vez más vigilante y una ciudadanía más informada, los errores legales pueden convertirse en crisis reputacionales que afectan la confianza de clientes, inversionistas, socios comerciales y trabajadores.
De acuerdo con especialistas consultados por Gestión, los mayores riesgos reputacionales que enfrentan las empresas peruanas provienen de tres frentes: las infracciones laborales, la corrupción y responsabilidad penal de las personas jurídicas, y la vulneración de datos personales. Todos ellos, además de comprometer la sostenibilidad financiera, erosionan el valor de la marca.
Los riesgos laborales más visibles
Daniel Robles Ibazeta, abogado laboralista y socio de Robles Ibazeta Consultores, advierte que los incumplimientos laborales son frecuentes en las compañías peruanas, y varios de ellos terminan escalando a la opinión pública.
“Entre los errores más frecuentes se encuentra la desnaturalización de contratos, en especial los civiles y los de plazo fijo. Sin embargo, los que más dañan la reputación suelen estar vinculados al incumplimiento en el pago de horas extras, trabajo en días feriados, omisión de vacaciones y las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo”, explica.
La gravedad aumenta cuando los incumplimientos derivan en accidentes laborales, invalidez o incluso fallecimientos. Robles Ibazeta precisa que “la falta de pago del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, la entrega de equipos de protección inadecuados o la falta de capacitaciones efectivas” son situaciones que rápidamente se convierten en noticia y golpean la imagen de las empresas.
Más allá de los aspectos técnicos, los casos de acoso laboral o sexual representan una amenaza reputacional superior. “Si el empleador no respeta el debido proceso y el caso se viraliza en redes sociales, la empresa puede ser percibida como sexista y carente de empatía. Esto afecta no solo la imagen externa, sino también la atracción de talento, especialmente entre jóvenes que priorizan el respeto a la salud mental y un buen clima laboral sobre lo económico”, subraya.
La dimensión penal y la corrupción
Desde otra perspectiva, Christian Linares, socio del área penal de Estudio Linares Abogados, señala que la falta de prevención en materia penal es un error recurrente. “El principal problema es asumir que los sistemas de compliance son una mera formalidad. Un sistema genérico, implementado bajo la concepción de ser un simple trámite administrativo podría no ser suficiente para evitar la comisión de delitos y, consecuentemente, acarrear responsabilidad para la empresa”.
Incluso, advierte que una implementación deficiente puede ser un atenuante, pero la ausencia total de compliance deja a la persona jurídica completamente desprotegida.
Los delitos con mayor impacto reputacional, añade, son la corrupción y el lavado de activos, seguidos por los cibercrímenes y delitos ambientales. “La vinculación de una empresa con actos de corrupción genera un rechazo social inmediato. A diferencia de las sanciones legales, la exposición mediática produce consecuencias instantáneas, provocando un daño reputacional que, por lo general, es más significativo”, precisa Linares.
El especialista recuerda que la Ley N.º 30424 regula desde 2016 la responsabilidad penal de las empresas, y que su cumplimiento está directamente relacionado con la protección de la imagen corporativa. “Los modelos de prevención no solo son una defensa penal, también son un escudo reputacional que transmite confianza a clientes e inversionistas”, agrega.
Cada firma implica una responsabilidad legal que puede impactar en la reputación de la empresa. Foto: Andina.
El impacto del cibercrimen en la reputación corporativa
Un flanco adicional se abre con los delitos informáticos. Para Christian Linares, el cibercrimen ya no es un riesgo marginal sino un factor central de reputación.
“A nivel de consumidores, la exposición al cibercrimen perjudica gravemente la confianza depositada en la empresa que provee un servicio o promociona un producto, puesto que el cliente percibe los riesgos a los que se vería expuesto en caso de contratar con la empresa, resultando en un alto costo reputacional y en consecuentes pérdidas para la persona jurídica”, explica.
Linares agrega que la vulnerabilidad aumenta porque muchas organizaciones carecen de protocolos de respuesta inmediata.
Recursos Humanos y litigios mediáticos
En el plano laboral, Robles Ibazeta resalta que incluso cuando las empresas ganan litigios, su imagen puede quedar dañada. “Todos los procesos judiciales laborales son públicos y, si un se tocan temas sensibles como el despido de embarazadas o sindicalistas, en estos casos, el daño reputacional trasciende al resultado judicial. En la práctica, lo que impacta es la percepción social más que la sentencia en sí,”, comenta.
El abogado señala que uno de los principales retos para las empresas se encuentra en la gestión de riesgos legales desde el área de Recursos Humanos. En muchos casos, esta dependencia se concentra en labores administrativas y descuida el enfoque preventivo, lo que incrementa la probabilidad de sanciones y de crisis reputacionales.
Manifiesta que la coordinación con el área legal resulta fundamental, ya que el derecho laboral evoluciona constantemente y la Sunafil emite precedentes obligatorios que modifican la interpretación de la normativa. “Si el departamento de Recursos Humanos no se encuentra capacitado en estas actualizaciones, el empleador queda expuesto a sanciones y crisis reputacionales”, refiere.
La otra cara del riesgo: la gestión de datos personales
Roberto Shimabukuro, socio de Monroy & Shima Abogados, advierte que el manejo inadecuado de datos personales se ha convertido en una de las principales fuentes de crisis reputacional en el país. “Las empresas peruanas cometen tres errores recurrentes: recolectar datos sin un consentimiento informado, utilizarlos para fines distintos a los autorizados originalmente y carecer de medidas de seguridad mínimas”, señala.
Según el especialista, muchas compañías todavía usan términos y condiciones genéricos que no cumplen con lo que exige la ley: un consentimiento libre, expreso, previo, inequívoco e informado. A ello se suma la práctica de emplear los datos de clientes para fines comerciales no autorizados, como el envío masivo de publicidad. “Cuando esto ocurre, se generan reclamos y denuncias en redes sociales que pueden dañar la reputación de la marca rápidamente”, advierte.
La ausencia de controles de seguridad también representa un flanco débil. Shimabukuro recuerda que numerosas empresas aún almacenan información sensible sin protocolos adecuados ni responsables designados, pese a que el reglamento exige la figura de un Oficial de Datos Personales para ciertas organizaciones. Una filtración, subraya, puede destruir la confianza construida durante años.
El abogado explica que, frente a un incidente de esta naturaleza, la empresa tiene un plazo máximo de 48 horas para notificar tanto a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales como a los propios usuarios afectados. “El mensaje debe ser claro, evitar tecnicismos legales y acompañarse de medidas de mitigación. La evidencia demuestra que las empresas que comunican el incidente de forma proactiva y transparente sufren menor impacto que aquellas que intentan ocultarlo o minimizarlo”, comenta.
Como buenas prácticas, Shimabukuro recomienda adoptar estándares internacionales como la norma ISO 27001, la creación de códigos de conducta sectoriales y la adaptación de marcos como el Reglamento General de Protección de Datos europeo al contexto peruano. La clave, sostiene, está en la transparencia continua: “Cada comunicación honesta sobre las prácticas de datos, cada consentimiento respetado y cada notificación oportuna fortalecen la credibilidad empresarial. La mayoría de reclamos no surge por la filtración en sí, sino porque los usuarios perciben que han sido maltratados o ignorados por la empresa”.
Prevención y reacción temprana
Los especialistas consultados coinciden en que la prevención es la mejor inversión para blindar la reputación. Esto incluye auditorías internas, políticas claras de igualdad y acoso, programas de seguridad laboral y canales de denuncia efectivos.
“Un compliance laboral efectivo fortalece la marca empleadora y evita sanciones de Sunafil. Además, posiciona a la empresa como un empleador confiable, alineado a estándares internacionales de ESG”, señala Robles Ibazeta.
Linares, por su parte, enfatiza en la importancia de la reacción temprana frente a contingencias penales. “Si la empresa denuncia, colabora con la investigación y repara los daños, demuestra compromiso con el cumplimiento normativo. Esa actitud mitiga el impacto penal y reputacional. Por el contrario, si la empresa opta por intentar encubrir el hecho o dilatar el proceso, el daño se agrava, al igual que sus consecuencias”, sentencia.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Periodismo, por la Universidad Tecnológica del Perú, con más de 12 años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente escribo sobre política, economía y actualidad.
