Giacomo Pisani, capitán del buque italiano Mare Doricum, envió una carta de protesta a Repsol y a la refinería La Pampilla sobre presuntas irregularidades cometidas tras el derrame de petróleo. (Foto: Minam)
Giacomo Pisani, capitán del buque italiano Mare Doricum, envió una carta de protesta a Repsol y a la refinería La Pampilla sobre presuntas irregularidades cometidas tras el derrame de petróleo. (Foto: Minam)

El Poder Judicial declaró esta noche fundado el pedido del Ministerio Público para la incautación del buque “Mare Doricum”, nave que trasladó los barriles de petróleo de la empresa Repsol que terminaron derramándose en el mar de Ventanilla.

Según la coordinadora nacional de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA), la fiscal superior Flor de María Vega Zapata, esta medida es para asegurar que el Ministerio Público pueda realizar todas las diligencias necesarias que permitan determinar responsabilidades.

Cabe indicar que el buque de bandera italiana, permanece inmovilizado en el Puerto del Callao, desde el 16 de enero último, según informó el fiscal Ariel Tapia Gómez de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales de Lima Noroeste.

Impedimento de salida

Esta mañana, el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte de Puente Piedra-Ventanilla dictó el impedimento de salida del país por 18 meses contra Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena, gerente general de la Refinería La Pampilla, administrada por Repsol Perú, tras el desastroso derrame de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero

La medida coercitiva solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lima Noroeste también alcanzó a Renzo Alejandro Tejada Mackenzie, jefe del Terminal Marítimo 2 de la Refinería La Pampilla; Gisela Cecilia Posadas Jhong, gerente de Calidad de Medio Ambiente; y José Gregorio Reyes Ruiz, gerente de Producción.

Según el representante de este despacho fiscal, Ariel Tapia Gómez, se encontró presunta responsabilidad penal por el delito de contaminación ambiental contra los representantes legales y funcionarios de la citada empresa, y los que resulten responsables; por afectar el litoral con el derrame de petróleo crudo.

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