El Registro Nacional de la Identificación y Estado Civil (Reniec) bloqueó un total de 923 intentos de suplantación de identidad en las inscripciones del DNI, desde el año 2020 a la fecha. En su mayoría, los casos se vinculaban a usuarios que usaban la información de personas fallecidas para tramitar el documento.
La entidad precisó que dicho bloqueo fue posible gracias a la incorporación de una nueva versión del Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (ABIS) y a los peritos grafotécnicos, que se encargan de identificar, autenticar y validar la información presentada, y al tratarse de un caso doloso, inhabilitarlo en el registro y elevarlo a las instancias competentes para las investigaciones y sanciones correspondientes.
“El Reniec es una de las primeras entidades en toda Latinoamérica en contar con esta renovada versión del ABIS y digitalizar el 100% de sus oficinas con 680 modernos equipos de captura en vivo, certificados por el FBI, que permiten verificar de manera más óptima si una persona es quien realmente dice ser, y así velar por la identidad del ciudadano”, señaló la jefa nacional de la entidad, Carmen Velarde Koechlin.
Asimismo, informó que se detectaron más de 333,000 trámites irregulares que se mantienen en condición de observados por la entidad.
También, resaltó que se bloquearon más de 3.8 millones de intentos de ataques informáticos a su plataforma en lo que va del 2024.
Solo en referencia al servicio de Consultas en Línea de la entidad, se detuvieron 2.3 millones de validaciones de identidad efectuadas por redes de bots.
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Seguridad de la identidad
En compañía de representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Autoridad de Protección de Datos Personales y el Poder Judicia (PJ), el Reniec presentó la Estrategia Integral contra la Ciberdelincuencia, que empieza con la promoción del DNI electrónico, el uso de la plataforma ID Perú con biometría facial para garantizar una trazabilidad en el uso de los servicios de la institución, entre otros.
Además, informó que se viene realizando un trabajo conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, que permitió realizar cerca de 500 investigaciones y operativos sobre casos de corrupción y tráfico ilegal de datos personales.
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