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El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró que la municipalidad está considerando emprender acciones legales contra la empresa concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima. El burgomaestre aseguró que no se opone a la obra, solo a la construcción del siguiente tramo del nuevo corredor vial.
En declaraciones para el diario El Comercio, aseguró que no se están tomando en cuenta los acuerdos agendados.
“Yo no me opongo a la línea 2. Me opongo a una sola estación, la número 13, que pretende apropiarse de la intersección de Garcilaso de la Vega con Paseo Colón y es una locura”.
La autoridad edil insistió que en dicha intersección “transitan más de 60 rutas de buses” y que la construcción generará mucho caos y desorden en el centro de la ciudad. “¿Es el nudo de la ciudad y pretenden establecer sus campamentos con herramientas por lo menos para cinco años? ¡Por favor! Eso sí sería paralizar a Lima”, aseveró líder del partido Renovación Popular.
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“Esta es una maniobra de la concesionaria que no quiere respetar a los ciudadanos. Su tecnología no sirve y se están demorando 10 años para hacer cinco kilómetros. ¿Ahora quieren paralizar la ciudad? No lo voy a permitir. Es más, estamos contemplando demandarlos por el perjuicio y la quiebra de negocios. Ellos están acostumbrados al abuso, yo no”, afirmó López Aliaga Cazorla en su entrevista.
“Las concesionarias se han acostumbrado a hacer lo que les viene en gana”
Durante la entrevista que brindó, López Aliaga aseguró que acordó con el ministro Pérez Reyes, después de muchas reuniones, que la tuneladora iba a pasar por debajo del nudo, bordeando la ciudad, siguiendo hasta la estación Bolognesi y Arica, y que ahí podían abrir rápido esas estaciones.
No obstante, al enterarse de que la construcción pretendía llevarse a cabo en superficie, el alcalde expresó su oposición, generando que se paralice el progreso del siguiente tramo de la vía mediante la implementación de la ordenanza N.º 2590, la cual contradice la Ley de Endeudamiento Público 2024 que busca establecer como condición que toda obra construida en las vías metropolitanas sea autorizada prioritariamente por la investidura del alcalde.
“Reitero que la solución acordada permite que la Línea 2 funcione rápidamente como ha ocurrido en la ciudad de Panamá y en Santo Domingo; dicho sea de paso, en ambas ciudades la construcción e implementación del metro se terminó en un plazo menor de cinco años. Lamentablemente, en el Perú las concesionarias se han acostumbrado a hacer lo que les viene en gana sin importarles el costo social de horas-hombres perdidas y negocios quebrados”, precisó.
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