Recientemente la congresista Katy Ugarte presentó un proyecto de ley que propone que los presos trabajen de manera obligatoria en las cárceles para que asuman los gastos de su reclusión y el pago de reparación a favor de las víctimas de sus delitos.
Se trata del proyecto de ley 5604/2022-CR que plantea modificar el artículo 23 de la Constitución Política de modo que indique que los reclusos deben laborar obligatoriamente.
“Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento, salvo, las personas sentenciadas por delitos y que se encuentren privados de su libertad, quienes sí están obligadas a trabajar según sus condiciones de salud y con su debida retribución con la finalidad de pagar su propia reclusión y la reparación civil a la víctima”, dice la propuesta de modificación.
En los fundamentos del proyecto, Ugarte recordó que el actual presidente del Instituto Nacional Penintenciaro del Perú (INPE), Federico Llaque Moya, ha señalado que hay 90,000 personas privadas de su libertad, de las cuales, el 97% está en capacidad de trabajar.
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“El Estado no puede tener desocupados en cárceles. Pero, lamentablemente, estas fueron construidas solo para retenerlos. No se pensó que los reclusos debían trabajar o estudiar”, indica el documento.
En ese sentido, la congresista resalta que la propuesta busca generar una reinserción social y laboral del reo y disminuir los gastos de mantenimiento de una persona privada de su libertad con la finalidad de tener un mejor gasto público y que la víctima pueda tener una reparación civil.
En diálogo con Latina, la legisladora sostuvo que los presos que tengan “sentencias leves tienen que tener la obligatoriedad de trabajar y así mantener su condena”. Agregó que en otro países ya cuentan con estas medidas y buscan implementarlas progresivamente.
“Queremos evitar el hacinamiento, que está en un 200% de los presos. Además de esto, la plata con la que se mantiene la vida de los reclusos podría utilizarse para mejores fines”, añadió.
Proyecto similares
En mayo pasado, el legislador Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) presentó un proyecto de ley similar, el cual impulsa el trabajo de los presos en las cárceles de manera obligatoria para darles una oportunidad de reinserción social, soporte psicológico y que puedan pagar su reparación civil. Un poco más atrás, en febrero del 2022, el legislador Américo Gonza planteó un proyecto que proponía lo mismo.
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¿Viable o populista?
En conversación con Gestión, el exministro del Interior y general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Cluber Aliaga, señaló que es una medida populista que “en el fondo” trasluce una buena intención, pues dijo que finalmente lo que toda la población quiere es que los internos trabajen y los penales no se conviertan en “escuelas de delincuentes”.
“No se puede obligar a trabajar porque está prohibido, no existe el trabajo forzoso, pero a nadie le gusta alimentar a un ocioso. La idea es que se le brinde las facilidades para poder trabajar”, comentó.
La exministra de Justicia Marisol Pérez Tello indicó para este medio que la propuesta es “populismo penal”, pues no hay más espacio para que los presos trabajen dentro de los reclusorios, pues enfatizó en que en la mayoría de estos hay hacinamiento, en algunos del 500%.
“Dar un proyecto de ley en esas condiciones es de lo más irresponsable, hay niveles de hacinamiento del 500% en algunas cárceles, del 200% en otras y la media es por lo menos el triple. Es populismo penal, la gente quiere que los presos trabajen, pero, ¿dónde van a trabajar? No hay sitio”, dijo.
Carceles productivas
‘Cárceles Productivas’ es una política promovida por el gobierno, a través del INPE, y tiene como marco legal el DL N° 1343, para la Promoción e Implementación de Talleres Productivos, que facilita la participación de las empresas del sector privado en los penales del país.
De acuerdo a la ley, el 10% de lo que generan los internos trabajando para este programa penitenciario queda para el INPE, el 70% para el propio recluso y 20% se destina a la reparación civil.
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Por su lado, Pérez Tello se mostró a favor de que se impulse más esta política, en lugar de hacer del trabajo una obligación, tal y como proponen los proyectos de ley antes mencionados.
“La finalidad de ‘Cárceles Productivas’ en que los privados de libertad cumplan con la finalidad de resocialización, que es la finalidad de la pena y no es la venganza, que el Estado cumpla con la responsabilidad de darle las condiciones materiales a los privados de libertad para que puedan hacer este proceso a través del trabajo y el estudio y que finalmente las personas que han sido víctimas de sus actos reciban una reparación civil”, aseveró.
A su turno, el exministro Aliaga Lodtmann cuestionó que el funcionamiento de ‘Cárceles Productivas’ es muy reducido. Por ello, propuso que la cárceles del país deberían estar “produciendo carpetas, pizarras, muebles para hospitales, para postas médicas. Es decir, para todo lo que el Estado necesita en equipamiento básico, que no sea de alta tecnología, pero que sí implique trabajo metalmecánico, de carpintería, albañilería, etc.”.
Asimismo, planteó que se cree un sistema de incentivos para que aquellos presos que trabajan les puedan dar un lugar en la cárcel “más digno” y con mejores condiciones. “De esa manera estimulamos a que los presos trabajen”, agregó.
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