Anida en el Congreso de la República un proyecto de ley, presentado por Héctor Valer (Somos Perú), que privatiza los establecimientos penitenciarios a fin de reducir la sobrepoblación de cárceles en el país.
Según el texto (PL N° 11013/2024-CR) las empresas privadas podrán participar en la construcción y administración de los penales ante el hacinamiento penitenciario. De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario del Perú - INPE la sobrepoblación en cárceles a inicios del 2025 es del 139%.
“El Estado promueve proyectos de inversión para la construcción y administración de los establecimientos penitenciarios en todo el territorio nacional, fundamentalmente en aquellas regiones donde existe sobrepoblación de internos, lo que pone en riesgo la dignidad humana”, reza el proyecto de ley.
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Con esta norma planteada, el Estado podrá celebrar contratos de concesión con empresas privadas para la elaboración, gestión y administración de cárceles.
También se prioriza la identificación, previa evaluación técnica y criterios de hacinamiento, de las cárceles a privatizar.
Con la privatización de las cárceles se establecerá el trabajo obligatorio de los internos para que puedan generar ingresos que cubran sus necesidades básicas.
Reforma es una respuesta inmediata para enfrentar hacinamiento en cárceles. / Foto: Andina
¿Es viable la privatización de centros penitenciarios?
César Ortiz, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana del Perú - Aprosec, sostiene que la privatización de penales en el Perú “no va a caminar” debido a la corrupción.
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“La corrupción en el sistema penitenciario se lo va a comer todo. Miremos el Penal de Ica que lleva más de cinco años estancado. Todo fin de una prisión es rehabilitar al interno pero en el Perú no tenemos cárceles rehabilitadoras por el hacinamiento y falta de seguridad. El interno que sale a continuar lo único que sabe hacer: delinquir”, refirió a Gestión.
Vale acotar que el ministro de Justicia, Eduardo Arana, adelantó que “en unos días” saldrá el Decreto de Urgencia que privatizará el control de ingreso a las cárceles: para ello, se realizará un concurso público para que una empresa privada esté a cargo del sistema de verificación en los centros penitenciarios.
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Ante este anuncio, Ortiz argumenta que “en ninguna otra parte del mundo el control de ingreso y salida de una cárcel lo haga solamente una empresa privada”.
“El INPE debe pasar a manos del Ministerio del Interior para realizar un trabajo más articulado. Privatizar las cárceles es una propuesta desesperada porque este ya es un gobierno de salida y hacerlo implica un papeleo de hasta dos años. No es tan fácil como levantar un edificio”, apuntó.
