
El presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández Salazar, salió al frente de la polémica propuesta del Congreso que busca eliminar esta entidad.
Con tono enfático, calificó la iniciativa como un retroceso peligroso que comprometería los pocos avances que se han logrado en el intento de ordenar el caótico transporte capitalino.
“Eliminar la ATU sería volver al caos. Es una propuesta sin análisis técnico, sin evidencia y sin visión de futuro. No podemos seguir apostando por modelos fracasados”, afirmó Hernández en entrevista con Gestión.
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La propuesta legislativa plantea devolver las competencias de planificación y fiscalización del transporte urbano al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y a los municipios. Para Hernández, eso supondría desarticular el único intento serio de gestión metropolitana en Lima y Callao, respaldado por la Ley N.° 30900.
“Es contradictorio que el Legislativo, en lugar de fortalecer instituciones, impulse proyectos que promueven la fragmentación y la informalidad”, criticó.

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¿Reforma en marcha o avances lentos?
La ATU fue creada en 2019 con la promesa de integrar, ordenar y modernizar el transporte público. Sin embargo, cinco años después, la percepción ciudadana sigue siendo crítica, y los cambios estructurales no se sienten aún en el día a día.
“Heredamos un sistema atomizado, informal y caótico. No se puede revertir eso en poco tiempo. Lo que sí hemos hecho es recuperar la estabilidad institucional para empezar a planificar con sentido técnico”, argumentó el presidente de la ATU.
Entre los principales avances destaca la emisión del Plan Regulador de Rutas, la implementación del nuevo sistema de recaudo único, y la integración futura de más de 40 servicios entre buses, trenes y teleféricos.
Además, se espera que en 2026 entre en operación la tarjeta única de transporte, que permitirá al usuario usar una misma plataforma de pago para todos los modos de transporte urbano.
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¿Por qué no se ven mejoras claras?
Hernández reconoce que la transformación prometida no ha sido suficientemente visible para la ciudadanía, debido a varios factores: falta de autonomía financiera, trabas normativas para subsidiar el transporte, arbitrajes perdidos y alta rotación de autoridades, entre ellos presidentes de la propia ATU.
“No somos un organismo regulador. No podemos fijar tarifas, ni proponer modelos de rentabilidad. Eso nos deja en una posición débil frente a los operadores”, admitió.
También subraya que la resistencia de un amplio sector de transportistas a formalizarse sigue siendo una barrera estructural que requiere voluntad política más amplia.

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Buses eléctricos y corredores en crisis
En el plano técnico, la ATU busca modernizar la flota a través de dos “rutas verdes” con buses 100% eléctricos y una nueva flota de 150 buses eléctricos para el Metropolitano, con apoyo del Banco Mundial. No obstante, la situación de los corredores complementarios sigue siendo crítica: unidades antiguas, baja frecuencia y competencia desleal con informales.
“Tenemos un plan para renovar 500 buses en dos años y rediseñar los contratos de los corredores. Pero si se elimina la ATU, todo eso se cae”, advirtió.
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Lucha contra la informalidad
En los primeros seis meses del año, la ATU ha internado 344 vehículos informales y chatarreado 210 unidades, superando ampliamente los registros de años anteriores. Sin embargo, la informalidad sigue siendo la norma en gran parte de Lima y Callao.
“Hemos duplicado los operativos respecto a 2024. Pero mientras el marco legal no nos permita actuar con mayor fuerza, no podremos erradicar el transporte ilegal”, sostuvo.
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Aeropuerto y fiscalización con LAP
Consultado por las denuncias sobre unidades con papeletas operando en Aerodirecto, Hernández aseguró que los buses actuales cuentan con autorización vigente y que se coordinan acciones de fiscalización con LAP y la Policía Nacional, usando imágenes de seguridad para detectar vehículos con sanciones activas.
Hernández aclaró que las papeletas a las que se aludió en algunas investigaciones son de años pasados.
“Tenemos un convenio con LAP para identificar unidades sin SOAT, sin brevete o con deudas. La fiscalización en el aeropuerto será estricta y tecnológica”, afirmó.

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Mientras el Congreso evalúa su posible eliminación, la ATU intenta sostener una reforma estructural con avances parciales, limitaciones políticas y resistencias estructurales. Hernández insiste en que desactivar la entidad significaría borrar años de planificación técnica sin ofrecer una alternativa seria.
“La reforma del transporte no es una meta de corto plazo. Pero hoy más que nunca, tiene sentido. Eliminar la ATU sería un golpe a los ciudadanos, no solo a una institución”, concluyó.