La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró preocupación por un proyecto de ley en Perú que, al castigar la difusión de información de carácter penal, restringirá el trabajo periodístico y limitará la transparencia sobre asuntos de interés público.
El Poder Ejecutivo envió esta semana al Congreso un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal (Proyecto de Ley N°2508-2021-PE). Denominado “ley mordaza” por los críticos, incorpora el artículo 409 C en el Código Penal, para castigar con prisión de entre uno y dos años a quien “proporcione o difunda información de carácter reservado” de un proceso penal.
Contempla agravantes. Castiga con dos a tres años de cárcel si la información la difunde un juez, fiscal, auxiliar jurisdiccional, asistente administrativo o un policía. Los medios de comunicación y periodistas tampoco quedan exentos de castigo, ya que podrían ser procesados como cómplices o instigadores y recibir hasta cuatro años de prisión.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que el proyecto de ley acomete contra la debida transparencia sobre hechos de interés público, restringe la labor de difusión de la prensa y su relación con las fuentes anónimas, “muchas veces, la única forma para revelar temas que los poderes quieren mantener en penumbras”. Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, consideró que “se trata de un instrumento peligroso que busca imponer un manto de oscuridad sobre actos de corrupción”.
En los argumentos de la iniciativa, se busca desalentar que los operadores de justicia difundan información considerada reservada de una investigación penal y se critica a los medios de comunicación social porque supuestamente castigan en la opinión pública a personas que no fueron sentenciadas.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo que el proyecto de ley es claramente contrario a los estándares sobre transparencia y libertad de prensa de la jurisdicción interamericana que adoptó Perú. “Un proyecto así –añadió Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior– no hubiera permitido a los peruanos destapar tantos casos de corrupción durante las presidencias en su pasado reciente. La transparencia le ha servido a los peruanos para crear remedios indispensables y proteger su democracia”.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.