El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, expresó su “profunda preocupación” por la solicitud de la Fiscalía de la Nación para que se reconsidere el archivamiento definitivo de una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex, aprobado previamente por la Comisión Permanente del Congreso.
El jefe del Gabinete señaló que el recurso de reconsideración interpuesto no solo carece de sustento constitucional, ya que los hechos denunciados no están contemplados en el artículo 117 de la Carta Magna, sino que además vulnera las competencias del Congreso y su procedimiento interno de acusación constitucional.
“El aparente recurso de reconsideración, con el que se pretende dejar sin efecto (el archivamiento de la denuncia constitucional), vulnera definitivamente las competencias propias del Congreso”, manifestó.
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Arana recordó que el proceso fue canalizado correctamente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ratificado por la Comisión Permanente, lo que cierra la vía institucional para nuevos cuestionamientos por parte del Ministerio Público. “Desconocer el valor de las decisiones del Congreso, es desconocer la capacidad que tienen democráticamente las instituciones de expresar sus decisiones”, remarcó.
En conferencia de prensa tras sesión del Consejo de Ministros, Arana subrayó que su posición no responde a una defensa personal de la mandataria, sino al respeto a la institucionalidad democrática. “Debemos proteger la investidura presidencial, el respeto a la Constitución y a la institucionalidad democrática (...) Lo que observamos es un asedio inusual de parte de la Fiscalía de la Nación”, afirmó.
El ministro Alcántara señaló que no existe ningún mecanismo que pueda habilitar a la Fiscal de la Nación a presentar algún recurso de reconsideración en contra de una decisión adoptada por el Congreso. Foto: PCM.
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara Medrano, precisó que, si bien el reglamento del Congreso contempla el recurso de reconsideración en su artículo 58, esta facultad es exclusiva de los parlamentarios. “No existe ningún mecanismo que pueda habilitar a la Fiscal de la Nación a presentar algún recurso de reconsideración en contra de una decisión adoptada con todos los cuidados”, sostuvo.
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Alcántara advirtió que los funcionarios públicos solo pueden actuar dentro de los límites que les permite la ley, por lo que este acto de la Fiscalía podría constituir una extralimitación de funciones. “Nos preocupa porque un funcionario público solo puede realizar lo que la ley le permite (...) En este caso, no existe ninguna permisión para que se presente dicho recurso, menos por la Fiscal de la Nación, que es un organismo que está encargado de garantizar la legalidad en el país”, concluyó.
El Ejecutivo hizo un llamado público a la Fiscal de la Nación para que revise su decisión y se ajuste a los principios democráticos y al respeto a las instituciones.
