
Tras la segunda sesión de la Mesa Técnica que busca construir una nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció la creación de un subgrupo de trabajo que tendrá como tarea analizar “técnica y jurídicamente” el marco normativo vigente. Esta decisión, dijo, responde a una solicitud expresa de los gremios mineros presentes en la reunión.
“Luego de un debate alturado y democrático, se ha tomado una decisión unánime: crear un subgrupo de trabajo que examinará de manera técnica y jurídica los términos legales de varios aspectos que rodean la minería en general”, indicó el premier desde Palacio de Gobierno, acompañado por el ministro de Energía y Minas.
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El grupo, añadió, tendrá como función evaluar la legalidad y pertinencia de ciertas normas cuestionadas por los gremios mineros. No obstante, Arana aclaró que esto no implica ningún retroceso en la lucha contra la minería ilegal.

Durante la jornada, también se reafirmó la agenda inicial de la mesa, que incluye tres ejes: el primero, acompañar a los mineros que aún se encuentran en proceso de formalización; el segundo, valorar al trabajador minero otorgándole beneficios como salud, estabilidad laboral y protección a sus familias; y el tercero, establecer las bases para una futura Ley MAPE.
“El propósito de tener a los actores principales es que esta ley llegue casi consensuada”, explicó Arana, y añadió que en la sesión también participó un representante del Ministerio Público, quien detalló el rol de su institución en el proceso. Además, intervinieron congresistas, representantes del Poder Judicial y gremios privados.
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Arana precisó que si bien la agenda del día no pudo abordarse completamente debido al extenso debate legal, se acordó encapsular esa discusión en el nuevo subgrupo de trabajo. “El tiempo se nos fue en argumentos legales y no pudimos concluir la sesión. Por eso decidimos que este debate se traslade al subgrupo para que en la próxima sesión podamos abordar los temas de fondo”, explicó.
Respecto a la demanda de ciertos gremios para reincorporar a 50,000 mineros al Reinfo y eliminar las interdicciones, el premier fue enfático: “Hemos quedado muy en claro junto a los gremios, que las interdicciones son acciones desde el Ejecutivo para combatir la minería ilegal. Las interdicciones van a continuar”, concluyó.