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El tercer vicepresidente del Congreso de la República, Alejandro Muñante (Renovación Popular) solicitó convocar al Consejo Directivo de este poder del Estado para fijar una fecha en la que se debate y vote la denuncia constitucional en contra de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.
Mediante un oficio remitido al presidente del Poder Legislativo, José Williams (Avanza País), Muñante pidió que esta reunión se realice de manera virtual durante la semana de representación congresal.
La petición del legislador de Renovación Popular se hace luego de que el pasado miércoles 24 de mayo, la representación nacional reprograma la evaluación del caso de Ávalos Rivera. Dicha disposición se tomó después de que el congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), que es el delegado del caso, pidiera licencia por temas de salud.
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Como se recuerda, la fiscal suprema tendrá que defenderse frente al Congreso de la República por las denuncias constitucionales 209 y 231 (acumuladas), que proponen inhabilitarla del cargo público por cinco años, por supuestamente negarse a investigar al expresidente Pedro Castillo cuando aún presidía el Ministerio Público.
De ese modo, se le acusa por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal.
JNJ se pronunció
Por su lado, la Junta Nacional del Justicia (JNJ) emitió un comunicado en el que invoca a los representantes del Congreso a tomar “mayor reflexión” sobre esta iniciativa que se viene articulando desde el Parlamento contra Zoraida Ávalos, dado que las “imputaciones en su contra guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal”.
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Además, la JNJ señaló que respeta plenamente la atribución constitucional propia del Congreso, pero “estima que el ejercicio de tales facultades debe hacerse ponderando cuidadosamente los valores constitucionales en juego”.
El pronunciamiento concluye en que “la JNJ no acude en defensa de una persona” y que la justicia no puede ser afectada por la política, “sin riesgo del quiebre de la autonomía de las instituciones”.
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