El Poder Judicial aceptó el recurso de apelación presentado por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, con el fin de anular la disposición fiscal que lo obliga a ser investigado por una Fiscalía Anticorrupción en el caso de los relojes Rolex.
Oscorima Núñez apeló la resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley, emitida el 8 de julio, que declaró “improcedente” el recurso de tutela de derechos presentado por su defensa para anular la disposición del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, del 17 de mayo.
Esta disposición ordenaba separar los hechos atribuidos a Oscorima en la investigación del caso Relojes Rolex, en la que también está involucrada la presidenta Dina Boluarte, y remitir el caso a la Fiscalía Superior Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios para su distribución a la fiscalía correspondiente.
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La defensa de Wilfredo Oscorima solicita que la siguiente instancia de la Corte Suprema revoque completamente la resolución del juez supremo Checkley Soria y, reformándola, declare fundado su recurso de tutela de derechos.
En respuesta, el juez supremo Juan Carlos Checkley decidió el 17 de julio “conceder” el recurso de apelación y remitirlo a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Si esta instancia acepta el recurso, deberá convocar una audiencia virtual para evaluarlo con la participación de las partes involucradas y emitir un veredicto.
Oscorima apela decisión
La defensa de Wilfredo Oscorima argumenta que los fundamentos utilizados en la disposición fiscal están orientados únicamente a fiscales distintos al fiscal de la Nación para procesos ordinarios. Según ellos, esta decisión podría dejar a la mandataria en una situación de indefensión al vulnerar el principio de unidad de la investigación.
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Sin embargo, el juez supremo Checkley Soria determinó que, en este caso, eLEA Txiste una funcionaria con la condición de “aforada”, en referencia a la presidenta Dina Boluarte. La Fiscalía de la Nación ya ha concluido la investigación preliminar y ha presentado una acusación constitucional contra ella ante el Congreso de la República.
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