El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, dijo que el Gobierno debió haber evaluado las consecuencias que tendría el pase al retiro de 18 generales de la Policía Nacional el pasado 23 de noviembre como parte de una renovación de cuadros que, según su opinión, no respetó los requisitos que establecen las normas y el Tribunal Constitucional (TC)
“Hay un principio de previsión de consecuencias. Significa que el Tribunal Constitucional (TC) ha señalado que cuando cualquier ente estatal toma una decisión, tiene que prever las consecuencias de esa decisión. En el Ejecutivo debieron prever que este era un pésimo antecedente de cara al futuro, no solo para la PNP, sino para las demás fuerzas militares, Ejército, Marina”, dijo en declaraciones a RPP.
Gutiérrez aseguró que el oficio que fue remitido a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, este lunes cuestionando los cambios en la PNP y solicita que se pueda “resarcir” los derechos afectados de los generales pasados al retiro, estaba listo hace días pero recién fue remitido esta semana para evitar su aprovechamiento político.
“La Defensoría evaluó durante casi 10 días sacar este documento. Cuando teníamos este documento que ayer se ha hecho público, el gabinete no tenía el voto de confianza. Podíamos haberlo sacado pero entendíamos que podía ser utilizado políticamente de manera que no lo sacamos. También tomamos en consideración la crisis social y política que se había generado”, aseguró.
El defensor también señaló que esperaron que el Ejecutivo tenga un tiempo para poder corregir un “daño autoinflingido”, por lo que insistió en su cuestionamiento a que no se quiera revisar la decisión en el Gobierno.
“Hay diversas alternativas. Está desde reponerlos, que desde el Poder Judicial se inicie un proceso o se busque un término medio. La Defensoría no es el Ejecutivo, no le va a dar la solución porque es un ente supervisor de derechos humanos [...] Pero ya el Ejecutivo ha señalado que ha cometido errores. Implícitamente lo indican cuando dan hasta nombres de generales que estaban más allá de los hechos que se generaron a propósito de las marchas o que estaban señalados por actos de corrupción”, comentó.
Walter Gutiérrez concluyó asegurando que la PNP tiene procesos de ascensos regulados por normas y que no puede ser manejado de manera política.
“La PNP no tiene una conducción política. Está regulado por normas y principios constitucionales que no ha inventado la Defensoría. La renovación de cuadros tiene que responder a una serie de requisitos [...] recogidos en diversas sentencias del TC, amén de que con carácter general señala que todo acto de gobierno tiene que estar debidamente motivado”, comentó el defensor del Pueblo.