El congresista Waldemar Cerrón, de la bancada de Perú Libre, presentó un proyecto de ley que propone derogar la normativa que establece el financiamiento obligatorio del control concurrente sobre obras públicas, argumentando que se busca optimizar los recursos del Estado y reforzar la independencia de la Contraloría con fondos directamente del presupuesto nacional.
La propuesta legislativa plantea derogar la norma vigente con el objetivo de “evitar sobrecostos en los proyectos y asegurando que la Contraloría mantenga su independencia mediante un financiamiento directo del presupuesto estatal”.
“Deróguese la Ley 31358 y en normas conexas que obliguen a las entidades del sector público a incluir en la estructura de costos de los proyectos de inversión o contrataciones públicas un porcentaje destinado al financiamiento del control concurrente”, señala la propuesta.
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Cerrón justificó su iniciativa señalando que entre 2018 y 2021 hubo una programación excesiva de metas y una supervisión deficiente, lo que redujo la relevancia o incluso generó ausencia de informes.
El congresista argumentó que se identificó una cantidad mínima de irregularidades sin corregir, que provocaran la realización de auditorías o servicios de control específicos. Además, precisó que solo un 0.6 % de los casos derivaron en acciones de supervisión posteriores.
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Cabe precisar que el control concurrente es un mecanismo de supervisión y verificación de la gestión pública que busca asegurar eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso de los recursos del Estado.
Esta modalidad también busca el cumplimiento de normas legales y planes de acción, evaluando los sistemas administrativos para mejorarlos mediante acciones preventivas y correctivas.
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La Contraloría General de la República es la responsable de ejecutar este control, definiendo los lineamientos y procedimientos técnicos necesarios según el tipo de entidad y los objetivos de supervisión.
El control concurrente es un mecanismo de supervisión y verificación de la gestión pública que busca asegurar eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso de los recursos del Estado. Foto: Contraloría General de la República.
