“Las heridas cicatrizan, pero no se olvidan“, dijo Vladimir Cerrón en su cuenta de X (antes Twitter) al referirse a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular su sentencia de cuatro años de prisión por el caso ‘La Oroya’.
¿Cerrón podría postular en las elecciones generales del 2026?
Esta premisa surge a raíz de las declaraciones de Richard Rojas, Secretario Nacional de Prensa de Perú Libre, quien aseguró que Vladimir Cerrón es el “candidato natural” de su agrupación política en el próximo proceso electoral.
Hasta hace dos días, cuando se le absolvió del caso Aeródromo Wanka, el aún prófugo de la justicia tenía solo un impedimento para tentar un cargo público: el pago de una reparación civil.
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Y es que si bien no tenía sentencias firmes, el solo hecho de figurar próximamente en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (se le fijó un pago de S/ 250 mil por el caso La Oroya), le impedía participar del próximo proceso electoral, a menos que la suma se cancele dentro de los plazos.
Sin embargo, esta situación sufre un nuevo revés: ¿anulada su sentencia por el mencionado caso, se anula la obligación de pagar una reparación civil que era lo que no le permitía una eventual postulación?
En principio, todo parte de la resolución del TC, donde hay una cita de consideración: “Ordena al Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo, o al órgano judicial que haga sus veces, que emita un nuevo pronunciamiento, que resuelva la situación del beneficiario”.
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Esto quiere decir que el juzgado tendrá que volver a pronunciarse sobre su caso. Entonces, hasta que no haya un nuevo pronunciamiento, no tiene pagos de reparación civil pendientes. Según el abogado penalista Vladimir Padilla “todo vuelve a cero”.
“Si a ti te han condenado, y a través de un proceso constitucional logras anular la condena porque hay falta de motivación, se entiende que la anulación tiene todo efecto porque se está diciendo que no hay una concordancia entre la conclusión y el razonamiento que se ha seguido para hallar una responsabilidad”, dijo Padilla a Gestión.
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Es decir, en la mayoría de los casos, la anulación de la sentencia penal implica también la anulación de la orden de pagar reparación civil, pero solo mientras no haya una nueva sentencia que la restituya; que es lo que justamente ha ordenado el TC al órgano judicial (un nuevo pronunciamiento).
“En este caso no se puede exigir el pago de reparación civil porque es como volver hasta antes del juicio, por eso se le pide al órgano judicial que vuelva a ser juzgado. Por tanto, no es exigible el pago de reparación civil. Él ha recobrado su condición de no culpabilidad”, añadió Padilla.
Por consiguiente, analizado el proceso, se puede concluir que Vladimir Cerrón sí está habilitado para postular a un cargo público.
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¿Cuándo se mantiene el pago de una reparación civil, así se anule una sentencia?
- Si una sentencia se anula totalmente, entonces todo lo que derivaba de ella queda sin efecto hasta que haya una nueva sentencia válida. En ese caso, la reparación civil también se anula provisionalmente, y se espera a que el nuevo juicio la confirme, modifique o descarte. Este es el caso de Vladimir Cerrón y que jurídicamente no le impide de postular a un cargo público.
- En otro caso, si se anula parcialmente una condena, por ejemplo, solo la pena y no el fondo del asunto (culpabilidad), la reparación civil podría mantenerse, dependiendo del fallo específico. Esto, si así lo considera el juzgado, sí podría ser impedimento para postular en un futuro. Sin embargo, a la fecha no existe, es solo una probabilidad.
- Si la reparación fue establecida en sede civil, puede seguir su curso independientemente de lo penal. Este no es el caso del líder de Perú Libre.
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¿Y la orden de prisión preventiva?
A la fecha, Vladimir Cerrón es requerido por la justicia peruana para cumplir un mandato de 24 meses de prisión preventiva por el caso Dinámicos del Centro.
En el Perú, tener prisión preventiva no impide postular a un cargo público. Hay situaciones específicas que marca la ley para definir si una persona con esta condición carcelaria puede tentar a un cargo en el Estado.
“No pueden postular las personas inhabilitadas por mandato judicial de interdicción (personas fuera de sus cabales), los que purgan prisión con sentencia condenatoria de prisión efectiva y los que son inhabilitados por orden judicial. No los que tienen una orden de prisión preventiva por hechos que están en investigación”, dijo José Tello a Gestión.
Ahora, sin sentencias pendientes y sin órdenes de pago de reparación civil, Vladimir Cerrón, de así quererlo, podría ser candidato en las próximas elecciones generales a celebrarse el 12 de abril de 2026.
