Perú Libre lo considera su “candidato natural” para las Elecciones Generales del 2026, pese a que aún tiene temas por resolver con la justicia peruana. Vladimir Cerrón ha sido absuelto de uno de los procesos judiciales por los cuales se le sentenció: el caso Aeródromo Wanka. ¿Esta decisión lo deja en completa libertad?
El abogado especialista en Derecho Electoral, José Villalobos, dijo a Gestión que sí podría postular a cargos públicos.
Los procesos en curso de Vladimir Cerrón
En agosto de 2023, el Poder Judicial lo condenó a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de colusión agravada. Se le acusó de haber favorecido irregularmente la construcción del aeródromo en Junín cuando era gobernador regional. Además, se le impuso una reparación civil de S/ 800 mil. Sin embargo, esta condena fue absuelta por la Corte Suprema.
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No obstante, Cerrón Rojas tiene otro proceso en curso. Aunque algunas sentencias han sido anuladas o revocadas, el líder de Perú Libre ha enfrentado múltiples procesos judiciales a lo largo de su carrera política, por lo que aún no estaría dispuesto a dejar la clandestinidad.
“En rigor, esta sentencia condenatoria ya ha quedado sin efecto. La Corte Suprema absolvió a Vladimir Cerrón de todos los cargos de este caso, pero no necesariamente se implica de que ya salga de la clandestinidad”, señaló a Gestión, Andy Carrión, abogado penalista.
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Investigación por el caso “Los Dinámicos del Centro” (2021)
En julio de 2021, Cerrón fue incluido en una investigación por presunto lavado de activos en el marco del caso “Los Dinámicos del Centro”, relacionado con una supuesta red de corrupción en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín. Este proceso aún está en curso. Inicialmente se le impuso 36 meses de prisión preventiva, pero en enero de 2024, la Sala de Apelaciones redujo este plazo a 24 meses.
“Existe todavía una prisión preventiva por el caso Dinámicos del Centro. Eso tendría todavía que revocarse o anularse antes de que él salga de la clandestinidad. Mientras tanto, este éxito jurídico que él tuvo en la Corte Suprema no necesariamente conlleva a que pueda salir de la clandestinidad", dijo Carrión.
“Bueno, al menos aún. Pero sí le va a servir esta decisión de la Corte Suprema para afianzar el hecho de que ya no habría ningún peligro de fuga, etcétera, u obstrucción, porque el caso Dinámicos del Centro precisamente se basó en esta decisión previa de la Corte Suprema para poder tomar esa decisión de la prisión preventiva. Pero no necesariamente ahora ya puede salir en libertad”, agregó.
Por lo tanto, Vladimir Cerrón debe cumplir con la orden de prisión preventiva vigente en relación con el caso “Los Dinámicos del Centro”.
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¿Cerrón podría ser candidato?
Tras la reciente absolución de Vladimir Cerrón por parte de la Corte Suprema en el caso Aeródromo Wanka, se ha levantado la inhabilitación que le impedía ejercer cargos públicos. Previamente ocurrió algo similar con el caso “La Oroya”.
Condena por el caso “La Oroya” (2019): En agosto de 2019, Cerrón fue condenado a 4 años y 8 meses de prisión efectiva por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo, relacionados con irregularidades en una obra de saneamiento en La Oroya durante su gestión entre 2011 y 2014.
La Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema declaró cumplida la sanción de inhabilitación para ocupar cargo público o contratar con el Estado. ¿Eso le permite postular a un cargo público?
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En principio, la deducción es afirmativa. José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral, señala que basándose en la Ley N.º 30717 y en el derecho de postular sin sentencias condenatorias, Vladimir Cerrón podría acceder a un cargo público o contratar con el Estado. Sin embargo, hay una normativa en particular que finalmente lo sacaría de carrera.
Se trata de la Ley N.° 30353, que crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles.
José Tello, exministro de Justicia y abogado experto en derecho electoral, explica que es esta norma la que no permitiría a Cerrón acceder a un cargo público, ya que si bien aún no ha sido incluido en este registro, la reducción a S/ 250 mil que deberá pagar como reparación civil hará que dentro de un plazo próximo si lo esté.
“Tendría que pagarla para no tener ese problema, porque hoy en día la persona que tiene sentencia e indemnizaciones pendientes, o son deudores alimentarios no pueden postular”, señaló.
La Ley N.° 30353 dice explícitamente en el Artículo 5 que:
“Las personas inscritas en el REDERECI están impedidas de ejercer función, cargo, empleo, contrato o comisión de cargo público, así como postular y acceder a cargos públicos que procedan de elección popular. Estos impedimentos subsisten hasta la cancelación íntegra de la reparación civil dispuesta. Lo dispuesto en el párrafo anterior es inaplicable a las personas condenadas por delitos perseguibles mediante el ejercicio privado de la acción penal”.
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Sobre la prisión preventiva
Según la Constitución, la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859) y otras normativas electorales, las razones para ser impedidos de postular a cargos de elección popular son:
- Sentencias condenatorias vigentes
- Prisión preventiva, dependiendo de la gravedad del caso
- Inhabilitación por corrupción o delitos contra la administración pública
- Restricciones para funcionarios públicos
- Deudas con el Estado o falta de rendición de cuentas
- Doble nacionalidad sin renuncia previa
- Sentencia por violencia familiar
En el Perú, tener prisión preventiva no impide postular a un cargo público. Hay situaciones específicas que marca la ley para definir si una persona con esta condición carcelaria puede tentar a un cargo en el Estado.
“No pueden postular las personas inhabilitadas por mandato judicial de interdicción (personas fuera de sus cabales), los que purgan prisión con sentencia condenatoria de prisión efectiva y los que son inhabilitados por orden judicial”, dijo José Tello a Gestión.
Finalmente, otro escenario, que no es el caso de Vladimir Cerrón, es la aplicación de la Ley N.° 30717, la cual señala que una persona no puede postular si tiene sentencia condenatoria en primera instancia por delitos graves como:
- Corrupción de funcionarios
- Lavado de activos
- Terrorismo
- Narcotráfico
- Trata de personas
- Violación sexual
- Homicidio calificado
- Otros delitos graves contra la administración pública
En síntesis, a la fecha, Vladimir Cerrón no puede postular a un cargo público por falta de pago de reparación civil; no por una prisión preventiva o inhabilitación.
