En el reportaje se da cuenta que el Poder Judicial declaró prescrito un proceso por presunta corrupción seguido en su contra (caso de la represa de Chirimayuni) al tener en cuenta los plazos establecidos por esta norma. Dicha obra fue impulsada por Vizcarra durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.
Al respecto, el exmandatario negó que se haya beneficiado con la la ‘Ley Soto’, tal como señala Panorama. Según dijo, fue decisión del Poder Judicial el aplicar la norma en su proceso.
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“Están equivocados al decir que yo he recurrido a esa norma, no es así. El juez a cargo de esta investigación ha declarado de oficio la excepción de prescripción de la acción penal. Ni yo ni mi abogado hemos solicitado en absoluto la prescripción (...) Es el Poder Judicial que, de oficio, ha hecho la aplicación de esta norma al ver que se aplicaba a este proceso de investigación”, señaló a RPP, tras precisar que fue el juez el que recurrió a dicha ley.
Sin embargo, recordó que el proceso en el que se encuentra involucrado ya había sido archivado en tres oportunidades por el Ministerio Público y el Poder Judicial.
“Si se analiza el accionar de la Fiscalía y el Poder Judicial, ya habían archivado este caso. Así que era un caso muerto de la Fiscalía y seguramente, para bajar la carga procesal, el Poder Judicial ha determinado de oficio la decisión que ha tomado”, apuntó.
Al ser consultado a la posibilidad de renunciar a la prescripción del caso ante una sala superior, Vizcarra enfatizó que esa decisión la tomará su abogado.
“Eso lo verá el abogado, voy a conversar con él. Veremos legalmente lo que corresponda. Esa obra está en servicio y me he puesto a disposición de la justicia y en tres oportunidades la Fiscalía y el Poder Judicial han archivado (el caso)”, aseveró.
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No obstante, indicó que si su abogado se lo sugiere (renunciar al beneficio), dijo que podría hacerlo.
“Será una decisión que tome mi abogado, yo dejo los temas penales a mi abogado. Será el abogado que tome la decisión (…) si el abogado lo sugiere, yo lo aceptaría”, sostuvo.
¿De qué trata el caso que involucra a Vizcarra?
Panorama señaló que Vizcarra se vio beneficiado en el caso de la represa de Chirimayuni, que se remonta al 2011, durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-14). Por esto, el expresidente y su exfuncionario, César Ramos Zamora, fueron investigados por el Ministerio Público.
De acuerdo con el dominical, la Fiscalía de Moquegua acusó a Ramos Zamora en el 2016, pero no a Vizcarra. Sin embargo, en el 2018, el Poder Judicial revisó esa decisión y ordenó que también se acuse al exgobernador por el delito de negociación incompatible, sancionable con un máximo de seis años de prisión.
El expresidente enfrenta otra acusación por presuntas coimas cuando era gobernador, en la que se piden 15 años de prisión en su contra.
Por entonces, Vizcarra ya era presidente. Por ello, la Fiscalía dispuso que la acusación por negociación incompatible se debía formular luego de que este culmine su mandato, lo que ocurrió en el 2020.
La ‘Ley Soto’ hizo que el delito negociación incompatible, que se le imputaba al exgobernador por hechos del 2011, prescriba en 10 años. Es decir, en el 2021. Sin esa ley, se señala en el reportaje, el caso no hubiera prescrito y este podría seguir siendo juzgado.
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