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El Poder Judicial ordenó la detención preliminar por siete días del expresidente del Consejo de Ministros César Villanueva a pedido del fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón.
El también excongresista de Alianza Para el Progreso fue intervenido por agentes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) en un restaurante de Los Olivos. Villanueva es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
También fueron detenidos el fiscal superior Alberto Rossel Alvarado y el empresario minero José Santisteban Zurita. En tanto, el fiscal adjunto Ronald Chafloque Chávez fue capturado saliendo del módulo de justicia del distrito de Carabayllo. El juez Hugo Núñez ordenó además el allanamiento de cinco inmuebles vinculados a César Villanueva, Alberto Rossel y Ronald Chafloque.
Las razones
De acuerdo a la tesis del Ministerio Público, los fiscales Alberto Rossel y Ronald Chafloque buscaron favorecer al expremier en una investigación en su contra por el caso Odebrecht.
Villanueva es investigado por el Equipo Especial de la Fiscalía por el contrato de la carretera San José de Sisa. Esta tuvo un presupuesto inicial de S/ 100’021,674, pero terminó costando S/ 129’020,043.
El fiscal Germán Juárez tiene tres colaboradores eficaces, dos brasileños y uno peruano, que afirman que el exgobernador regional de San Martín favoreció a Odebrecht con el citado proyecto. Por esta ayuda, Villanueva habría recibido US$ 320 mil dólares en coimas (Gestión 26.11.2019).
¿Qué dice la resolución?
De acuerdo al documento de 99 páginas al que accedió Gestión, el fiscal supremo Jesús Fernández señala que el fiscal Alberto Rossel habría asumido acciones de defensa legal a favor de Villanueva ante el Equipo Especial del caso Lava Jato. Todo empezó en agosto cuando se conoció de los presuntos vínculos entre el exjefe del Gabinete y Odebrecht.
Para ello, el magistrado se valió de su hijo Alberto Rossel Obando y el empresario José María Santisteban Zurita, presuntamente amigo del expremier. Este hecho para la Fiscalía configura el delito de patrocinio ilegal.
A renglón seguido, en el oficio se señala que el fiscal Rossel fue la “defensa fáctica” de Villanueva, pues buscó influir en el despacho de su colega Germán Juárez, quien precisamente investiga al excongresista por recibir coimas de Odebrecht en el caso Sisa.
Según la Fiscalía, Rossel logró comunicarse con un fiscal del equipo de Juárez Atoche: Alexander Taboada Guardián. Al respecto, el fiscal Rafael Vela envió un oficio a la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, en el que pone a disposición a Taboada, quien está implicado en este caso.
En el documento se señala que Rossel le pidió a Villanueva que contrate a su hijo como su abogado, así como la obtención de otros beneficios futuros dados los vínculos del expremier con personas del entorno político y entidades del Estado. Ello para la Fiscalía configura el delito de tráfico de influencias.
Los peligros
Precisamente, en la resolución se señala que tanto Rossel como Chafloque al ser fiscales tienen conocimiento “sobre los procedimientos de la investigación”. Agrega que cuentan “con personas conocidas y afines en el Ministerio Público y Poder Judicial de las que podrían servirse para obstaculizar la actividad probatoria”.
Sobre Villanueva añaden que al ser un expremier “tiene cierto poder e influencias” en diversos estamentos de la administración pública”.
Además, el documento revela que de ser condenado Villanueva por el presunto delito de tráfico de influencias podría ir a la cárcel hasta 8 años. La eventual condena por coimas de Odebrecht es aparte.
Días claves: qué hará la Fiscalía durante el periodo de detención
Durante los siete días que durará la detención preliminar, la Fiscalía allanará inmuebles e incautará bienes y documentos. También accederá a los equipos móviles y digitales que encuentre en los inmuebles, a fin de visualizar y extraer información.
Se agrega en la página 75 que hará un deslacrado de documentos del fiscal Rossel, como cuentas bancarias, agendas, depósitos electrónicos para analizarlos.
Igualmente, se tomará declaración de los investigados Rossel, Chafloque, Santisteban y Villanueva.
La Fiscalía también tiene autorización para levantar el secreto de las comunicaciones de los investigados, a fin de extraer información de conversaciones desde diversas aplicaciones de los equipos que incaute. El periodo de comunicaciones que podrá investigar el Ministerio Público va del 8 de agosto al 30 de noviembre del 2019.
Las Claves
Peligro. El Poder Judicial señala en la página 71 de su resolución que tanto los fiscales Alberto Rossel como Ronald Chafloque, así como César Villanueva cuentan con los medios económicos suficientes que “les permitiría rehuir de la justicia”.
Dudas. El empresario José María Santisteban, quien se contactó con los fiscales, indica, según Reniec, un domicilio en Magdalena, pero también indicó una vivienda en San Martín de Porres. Pero para el Poder Judicial “no hay certeza de su domicilio”.
Caso Keiko: Evaluarán cese de prisión de Pier Figari
El Poder Judicial anunció que evaluará el próximo martes 17 de diciembre el pedido de cese de prisión preventiva que pesa contra Pier Figari, exasesor político de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
La diligencia, según informaron en un comunicado, se realizará en la sala de audiencias del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, ubicado en el centro de Lima, a las 4:00 p.m.
En noviembre del año pasado el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó 36 meses de prisión preventiva en contra de Figari, quien a los pocos días fue recluido en el penal de Ancón II.
Figari es investigado, junto a otros integrantes de Fuerza Popular, por los presuntos delitos de lavado de activos y obstrucción de la justicia en el marco de la investigación que se le sigue a Keiko Fujimori por las campañas del 2011 y del 2016.
El fiscal del caso, José Domingo Pérez, ya habría sido notificado.
En Corto
Rechazado. En setiembre, el fiscal José Domingo Pérez rechazó la solicitud de la defensa de Pier Figari para adecuar el caso de su cliente a la ley que prohíbe el financiamiento ilegal de partidos políticos.