En medio del incremento de la inseguridad en el país, continúa la venta ilegal de chips de telefonía móvil en las calles sin la respectiva verificación biométrica, entre otros controles. Esto, a pesar de que, en agosto pasado, se aprobó una ley que castiga hasta con 4 años de prisión a aquellas personas que activen en forma irregular líneas de servicios móviles, así como vendan SIM Card de forma ambulatoria.
Frente esta problemática, desde el Ministerio Público consideraron que estas empresas de telefonía, como Claro, Entel, Movistar o Bitel, podrían tener una responsabilidad penal si es que no implementan un protocolo de prevención para frenar el comercio indiscriminado de chips en las calles.
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Al respecto, el premier Ernesto Álvarez Miranda consideró que estas compañías sí deberían tener responsabilidad penal por este tema. En diálogo con Gestión, cuestionó al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), al considerar que no ha cumplido con su labor.
“Por supuesto (que tienen responsabilidad penal), pero lo que pasa es que los órganos reguladores, como Osiptel, no han cumplido su misión. Hay personas y especialistas que están preguntándose para qué existen los entes reguladores, porque claro, fueron creados en un momento determinado en el país en el que no existía competencia y había que fijar las tarifas en función a datos técnicos, pero ahora ya hay competencia entre varias empresas”, señaló.
A juicio del titular de la PCM, la existencia de Osiptel solamente se justificaría en función a las normas que existen para proteger al usuario; por ejemplo, frente al robo de su celular y que ningún ladrón pueda vender dicho producto; sin embargo, lamentó que eso no ocurre actualmente.
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“Entonces, ¿para qué existe Osiptel?. Por ejemplo, ¿cuál es la labor de Osiptel? Eso también se pregunta el Gobierno y por qué en otros países no existe este problema que sí existe en nuestro país. Posiblemente sea porque acá no ha habido una coordinación y no ha habido responsabilidad penal y civil respecto a los gerentes de las empresas que ofertan telefonía. Y eso obviamente no puede continuar así”, aseveró, tras precisar que no se puede permitir que las personas sigan perdiendo la vida por evitar que le roben el celular.
El también expresidente del Tribunal Constitucional (TC) consideró que la erradicación de la venta ilegal de chips de telefonía móvil en las calles aparentemente es un tema sencillo, pero en la práctica es complejo, porque constituye uno de los extremos de la informalidad estructural que tiene el país.
“Si existe una ley que castiga penalmente estos hechos, por qué se sigue vendiendo estos chips a vista y paciencia. Quizás el motivo sea que no se lleva a juicio a estas personas, porque tal vez hay fiscales permisivos que encuentran el subterfugio para evitar acusar a las personas a las cuáles apresa la Policía (...) entonces, es todo un embrollo en el cual nos hemos sumido por un falso garantismo jurídico y que es difícil de romper. En determinado momento, como en otros países, tenemos que reaccionar y hacer cumplir las leyes. En ese esfuerzo estamos”, sostuvo.
A través de un comunicado, Claro Perú expresó su rechazo a la venta ilegal de chips sin verificación biométrica y exigió sanciones penales más severas contra los vendedores y compradores. En tanto, Movistar Perú informó que iniciará acciones legales contra quienes vendan sus chips en la vía pública
El Congreso aprobó una ley que castiga hasta con 4 años de prisión a las personas que vendan de forma ilegal chips de telefonía móvil en las calles. Foto: difusión.
EVALÚAN HACER CAMBIOS EN OSIPTEL
En otro momento, Álvarez Miranda indicó que el Ejecutivo evalúa hacer cambios y una reestructuración en Osiptel a raíz de este tema.
“Sí, definitivamente. Cada organismo público tiene que responder de manera racional a la pregunta de por qué existe y para qué sirve, por que si no es dinero público desperdiciado. Posiblemente no tengamos el tiempo adecuado necesario, pero si no pudiésemos hacerlo, vamos a dejar al siguiente Gobierno toda la información para que tomen la decisión adecuada”, enfatizó.
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Cabe precisar que, a inicios de este mes, Osiptel informó que, entre abril a octubre de este año, se han bloqueado más de 1.8 millones de líneas de celulares vinculados a crímenes como la extorsión y el sicariato.
Además, indicaron que, en los últimos cinco años, impusieron multas por más de S/ 184 millones a las principales empresas operadoras por infracciones relacionadas con la venta ambulatoria de chips y el incumplimiento de medidas vinculadas al Registro Nacional de Equipos Móviles para la Seguridad (Renteseg); sin embargo, algunos expertos advirtieron que estas multas se encuentran impagas o judicializadas.
Para el premier, esto no es solo un problema de Osiptel, sino del sistema de justicia, que no ha sabido resolver estos conflictos en el corto plazo.
“Si les ponen una multa de carácter administrativo y la empresa lo lleva al contencioso administrativo en sede judicial, ahí puede pasar 6 a 8 años, y también la justicia en nuestro país necesita ser reformulada. O sea, un proceso judicial que dura más de 2 años en realidad no sirve”, enfatizó.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
