Tribunal Constitucional rechazó demanda de inconstitucionalidad contra reforma universitaria

El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundadas las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por la ex Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, contra los artículos 1 y 3 y contra la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 31520, ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas.

Respecto del examen constitucional del artículo 1 de la Ley 31520, que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades, el TC señala que no se aprecia algún mandato concreto que pueda entorpecer el adecuado ejercicio del derecho de acceso a la educación universitaria de calidad o que constituya un impedimento para lograr su plena efectividad.

Además, precisa que el impugnado artículo 3 de la norma, que dispone el diseño e implementación de mecanismos y herramientas técnicas que incentiven y/o fomenten la mejora de la calidad y el logro de resultados del servicio educativo que brindan las universidades públicas, no contraviene los mandatos constitucionales y convencionales, establecidos como obligatorios para el Estado, en el ámbito de la garantía del derecho fundamental de acceso a una educación universitaria de calidad.

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Sobre la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 31520 que deroga las normas que se opongan a la ley cuestionada, el TC concluye que dicha disposición fue expedida en el ejercicio de las competencias que asisten al legislador, conforme al artículo 102.1 de la Norma Fundamental y en el ámbito de materias respecto de las cuales no existían mandatos constitucionalmente ordenados o prohibidos.

Asimismo, el TC exhorta al Poder Ejecutivo, específicamente al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía y Finanzas, para que coordinen, en el marco de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la fijación de montos y criterios técnicos, entre otras disposiciones, que resulten necesarias en la aplicación de tales mecanismos.

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De igual forma, indica al Poder Legislativo a respetar el principio de progresividad y no regresividad en la inversión pública para la garantía del derecho a la educación, en cuanto al deber de diseñar e implementar mecanismos y herramientas técnicas que incentiven y/o fomenten la mejora de la calidad del servicio educativo y el logro de resultados en el servicio educativo brindado por las universidades públicas.