El Tribunal Constitucional (TC) evaluará el próximo jueves 24 de abril la demanda de amparo que presentó la presidenta Dina Boluarte para anular la investigación en su contra por la muerte de cinco personas y las lesiones graves de una sexta persona durante las protestas registradas entre diciembre del 2022 y enero del 2023.
La audiencia se realizará a partir de las 9:15 a. m. en la sede del organismo constitucional en la ciudad de Arequipa. Se escuchará a las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión en los próximos días.
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En su acción de amparo, Boluarte considera que el Ministerio Público habría vulnerado su derecho al debido proceso, la debida motivación de las resoluciones fiscales y su prerrogativa de inmunidad presidencial.
Con este recurso, Boluarte busca dejar sin efecto la denuncia constitucional presentada por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante el Congreso de la República en noviembre de 2023.
Esta demanda llegó al TC el pasado 28 agosto del año pasado, tras haber sido rechazada antes en el Poder Judicial en dos instancias.
Si bien Benavides presentó esta denuncia contra la jefa de Estado en noviembre del 2023 ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que proceda con el trámite respectivo, dicho grupo de trabajo, en julio del 2024, rechazó aprobar el informe que proponía admitirla a trámite.
Ahora, está decisión deberá ser revisada por la Comisión Permanente, instancia que si también rechaza este informe el caso será archivado definitivamente.
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La otra denuncia constitucional
Boluarte afronta otra denuncia constitucional por las muertes registradas en las protestas en contra de su Gobierno.
El pasado 30 de julio del año pasado, el exfiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta y un grupo de sus exministros ante el Congreso por la muerte de más de 40 personas durante estas manifestaciones.
Sin embargo, Villena resolvió archivar la investigación preliminar seguida contra Boluarte y sus exministros por el por el presunto delito de genocidio a raíz de estos hechos.
La denuncia se encuentra en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
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