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La Asociación Civil Transparencia mostró su preocupación por la moción aprobada por el Congreso de la República que encarga a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
A través de redes sociales, Transparencia exhortó al Congreso de la República a considerar las graves consecuencias de la vulneración de la institucionalidad de la JNJ.
“Es crucial que todos los poderes públicos respeten las competencias de esta institución clave para nuestra democracia”, escribió la institución en un comunicado difundido.
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Asimismo, Transparencia enfatizó en que la JNJ nació como respuesta a una crisis ocasionada por uno de los más grandes casos de corrupción en nuestro sistema de administración de justicia, denominado “Cuellos Blancos del Puerto”.
“El Congreso aprobó una ley de reforma constitucional para su creación, ratificada mediante referéndum con el apoyo de 87% de los votantes. La elección de sus 7 miembros se hizo por concurso público, conducido por una comisión especial diversa en su composición”, anotó la institución.
En tanto, argumenta que cuenta con la facultad de nombrar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales, ya sean titulares o provisionales, no obstante, en los últimos meses, se han realizado diversas medidas para “debilitar su autonomía, independencia y competencias”.
Una de ellas es la demanda competencial realizada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que “limita la competencia disciplinaria de la JNJ”. “Con ella, esta institución no podría investigar presuntas infracciones de los jueces y fiscales del país”, dice el comunicado.
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Menciona también la remoción a todos los miembros de dicha entidad “de forma anticipada y arbitraria a través de una moción congresal que vulneraría las garantías del debido proceso”.
También incluye que el intento de remoción a una integrante de la JNJ por edad límite, “intentando aplicar una figura de vacancia no prevista actualmente en la ley”.
Finalmente, Transparencia Perú destacó que una eventual designación de “personas no idóneas” dentro de esta institución causaría un “daño irremediable al sistema democrático del Perú”.
