El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, se refirió a dos temas considerables en la coyuntura nacional. En principio, calificó como “desproporcionado e innecesario” el segundo allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, y expresó su inquietud frente al uso reiterado de esta medida excepcional por parte de la Fiscalía y el Poder Judicial.
“El allanamiento es una figura de excepción. No puede convertirse en regla. La pregunta es: ¿era necesario hacer este show, un segundo allanamiento en menos de un año? Nos preocupa que se esté instrumentalizando un recurso tan severo con fines que podrían terminar afectando la estabilidad política del país”, señaló en Canal N.
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Pérez Reyes descartó que exista algún intento del Ejecutivo por obstruir las investigaciones y recalcó que “ningún ciudadano, incluido Nicanor Boluarte, está por encima de la ley”. Sin embargo, sostuvo que las acciones del Ministerio Público transmiten la sensación de una “sobrereacción” que erosiona la confianza en las instituciones.
Consultado sobre el pronunciamiento de la presidenta Dina Boluarte, el ministro aseguró que no se trató de un exceso el calificativo a la diligencia judicial que fue considerado por la mandataria como un “muñeco armado”.
“La presidenta estaba ejerciendo su rol constitucional y expresando su posición frente a hechos que, a nuestro parecer, resultan preocupantes”, afirmó.
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Sobre la CIDH
En otro momento, el titular de Economía respaldó la propuesta de la presidenta de evaluar el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Aunque reconoció que no se ha discutido formalmente en el Consejo de Ministros, consideró que la permanencia en este organismo debe revisarse.
“El Perú es un país democrático, aquí no hay violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del Estado. No podemos aceptar que un tribunal internacional esté por encima de nuestros fueros nacionales. Eso es una pérdida de soberanía”, sostuvo.
Respecto a las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023, Pérez Reyes indicó que deben investigarse, pero rechazó que configuren un patrón de violencia estatal.
“Protestar es un derecho, pero cuando se incendian aeropuertos o se ataca infraestructura, hablamos de actos violentos. Lo ocurrido debe ser esclarecido por la Fiscalía, pero no significa que el Estado ejecute una represión sistemática”, dijo.
