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La volatilidad política es parte de la imagen de América Latina, aunque muchas veces no se corresponda con la realidad. Pero el término apenas hace justicia al gobierno de Pedro Castillo en Perú. En solo 14 meses en el cargo, Castillo ha llegado a tener 72 ministros. El último, designado el 23 de setiembre, fue su cuarto ministro de Defensa este año. Cinco de sus elegidos fueron censurados por el Congreso.
Muchos otros no estaban calificados o estaban involucrados en escándalos que iban desde denuncias de corrupción hasta violencia familiar. Lo más preocupante es que el presidente despidió a algunos aparentemente porque intentaron hacer su trabajo. Eso le sucedió a un par de ministros del Interior.
Castillo es un presidente accidental sin experiencia política y, está claro, sin aptitud para el trabajo. Lo consiguió porque muchos peruanos no se atrevieron a votar por su contrincante, Keiko Fujimori, una conservadora acusada de corrupción (lo que ella niega). Como maestro de escuela rural y activista sindical que postuló a través de un partido de extrema izquierda, Castillo afirmó representar a los peruanos pobres.
En el cargo, no ha logrado casi nada. El núcleo de su gobierno es su vasta familia y asociados de su provincia natal de Chota, en el norte del Perú. La fiscalía ha abierto seis investigaciones sobre Castillo y su familia, tres acerca de contratos públicos. Él niega haber actuado mal. Una hija está detenida y un sobrino, prófugo.
La enfermedad de la política peruana va mucho más allá de la presidencia. El Congreso, cuyos 130 miembros representan a unos 16 partidos o grupos, ha tenido dos intentos fallidos de destitución del presidente, que conserva el apoyo de una minoría en bloque. Más de 40 pertenecen a partidos nominalmente de izquierda. Algunos conservadores están felices de tener un gobierno débil que comparte su interés en desmantelar la regulación de las universidades privadas y las empresas informales de transporte, o en oponerse al feminismo.
Muchos de los legisladores temen que la destitución de Castillo desencadene un llamado público a nuevas elecciones generales. Están siguiendo sus intereses inmediatos, dice Alberto Vergara, politólogo. “Algunos quieren mantener un salario que nunca ganarían en otro lugar, algunos para obtener sobornos o para colocar personas en ministerios”.
Ahora está en marcha otra propuesta de juicio político. Edward Málaga, el diputado independiente que elaboró la moción, calcula que tiene alrededor de 80 de los 87 votos que necesita. “El objetivo es que el presidente no cause más daños al país”, dice. Pero muchos dudan de que lo consiga.
Es poco probable que las elecciones municipales y regionales del 2 de octubre mejoren las cosas. Su relevancia debería ser mayor: alcaldes y gobernadores regionales controlan dos tercios de la inversión pública.
Con partidos políticos apenas relevantes, la mayoría de los vencedores serán figuras locales independientes. Más de 600 han estado involucrados en casos penales. No es de extrañar que Ipsos, una encuestadora, en un sondeo publicado tres semanas antes de las elecciones encontrara que cuatro de cada cinco personas no habían decidido por quién votar.
Incluso para los estándares latinoamericanos contemporáneos, la degradación de la política peruana es extrema. Alberto Fujimori, el padre de Keiko, quien gobernó como autócrata en la década de 1990, se propuso debilitar a los partidos políticos. La sociedad se ha vuelto menos organizada en un país donde más del 70% de los trabajadores laboran en la economía informal y menos del 5% están en sindicatos. Los recientes cambios en las reglas que prohíben la reelección al Congreso o a los gobiernos municipales han hecho que sea más difícil seguir una carrera política. “Ahora no solo faltan partidos sino también políticos”, dice Vergara.
La presidencia de Castillo intensifica un patrón de volatilidad. Ha habido cuatro presidentes y dos Congresos en los últimos cinco años. En el pasado, este tipo de estancamiento político habría provocado la intervención del ejército. Esos días parecen haber quedado atrás en América Latina.
Un candidato para llenar dicho vacío es Antauro Humala, un ex oficial del ejército con posturas fascistas. Fue liberado en agosto después de 17 años de prisión por liderar un levantamiento que ocasionó la muerte de seis personas. Busca convocar a los resentidos por el dominio del país por parte de la capital Lima (como lo hizo Castillo). Pero puede tener dificultades para encontrar un apoyo más amplio.
La inestabilidad del Perú es sorprendentemente estable. Algunos analistas están empezando a creer que, de manera improbable, Castillo puede terminar su mandato de cinco años. Pero la incertidumbre está recortando la inversión y el crecimiento económico. El gobierno errático está socavando la eficacia de la administración. Málaga tiene razón en que el presidente está dañando al país. El problema es que vacarlo no necesariamente terminará con el daño o la volatilidad.