El Tribunal Constitucional (TC) ha programado para este 25 de noviembre de 2025 la audiencia de vista de la causa en el proceso de inconstitucionalidad seguido contra el Decreto de Urgencia N.º 013-2024.
Dicha norma, emitida por el Poder Ejecutivo, autorizó medidas financieras extraordinarias a favor de Petroperú S.A., comprometiendo recursos estatales entre el 2013 y 2024 superiores a S/ 24 mil millones, a través de capitalizaciones y otros apoyos financieros.
En dicha audiencia, los magistrados escucharán los informes orales tanto de la parte demandante, el Colegio de Abogados de Arequipa (CAA), como de la Procuraduría Pública del Poder Ejecutivo.
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El fondo de la controversia
La demanda, admitida a trámite por el TC mediante auto del 5 de agosto de 2025, sostiene que el Poder Ejecutivo vulneró la Constitución al utilizar un mecanismo excepcional —el Decreto de Urgencia— para enfrentar una crisis financiera que era estructural, previsible y conocida desde hace años.
El equipo legal del CAA, encabezado por el decano del Colegio, John Mesías y el ex Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez, argumentará que el DU 013-2024 no supera el “test de excepcionalidad e imprevisibilidad” exigido por la Constitución y la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional. Entre otro argumentos se sostiene que el uso reiterado de estos decretos para inyectar capital a una empresa en quiebra técnica constituye una elusión del control parlamentario y un “fraude a la Constitución”.
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Impacto nacional
El Decano del Colegio de Abogados de Arequipa, John Mesías Romero, ha advertido sobre el alto costo social de estas medidas. Según los fundamentos de la demanda, los recursos desviados al rescate de la petrolera estatal contravienen el artículo 44 de la Constitución, pues deberían priorizarse para cerrar brechas en servicios esenciales como seguridad ciudadana, salud y educación. Asi como atender a las regiones el país.
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La defensa del Colegio de Abogados de Arequipa, representada por el Walter Gutiérrez sustentará que la medida constituye un “fraude a la Constitución”. (Foto: Andina)
Los demandantes confían que la decisión final del Tribunal Constitucional sentara un precedente vinculante sobre los límites del Poder Ejecutivo para comprometer el erario nacional en el salvataje de empresas públicas que solo representan un gasto publico en detrimento de las grandes necesidades del país.
La sesión se llevará a cabo a las 15:00 horas en la sede del Tribunal Constitucional ubicada en la Av. Arequipa 2720, San Isidro, Lima.
