El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó habilitar al nuevo magistrado de dicho organismo, Pedro Hernández, quien juró en el cargo el pasado 15 de diciembre, para que pueda votar en el proceso de demanda competencial que presentó la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Esto, a pesar de que dicho magistrado no participó en la audiencia oral en la que se evaluó dicho recurso, realizada el pasado 2 de noviembre.
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El TC emitió el decreto que autoriza a Hernández participar en esta causa el pasado 21 de diciembre, solo una semana después de que el Parlamento lo eligiera en el cargo como reemplazo del fallecido Augusto Ferrero Costa.
“Se dispone: el abocamiento del magistrado Pedro Alfredo Hernández Chávez al conocimiento del presente expediente y, a través de la Secretaría Relatoría, póngase a disposición del magistrado el video de la audiencia mencionada”, se lee en la resolución que lleva la firma del presidente del TC, Francisco Morales. Saravia.
Se completa el quórum para la votación
Como se recuerda, en su demanda competencial Benavides busca que el TC determine si la JNJ tenía las competencias para cuestionar o revisar los actos de administración interna de su gestión, como los cambios realizados en el equipo especial que investiga el caso “Cuellos Blancos del Puerto” o el cese de la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla.
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Tras escuchar los alegatos de las partes, el pleno del TC dejó al voto esta causa; no obstante, ha transcurrido más de dos meses y hasta ahora no se emite un fallo al respecto.
El artículo 112 del Nuevo Código Procesal Constitucional señala que “en los procesos competenciales, la sentencia se obtiene con el voto de cinco magistrados”.
De esta manera, con la incorporación de Hernández se completaría el quórum de 7 magistrados y sería vital al momento de la votación, ya que podría inclinar la balanza en favor de los intereses de Benavides.
De ser aprobada la demanda competencial, el TC podría anular la investigación llevada a cabo por la JNJ sobre las presuntas infracciones disciplinarias incurridas durante la gestión de Benavides al frente del Ministerio Público.
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