El lunes 26 de mayo venció el plazo de cinco años que el Tribunal Constitucional (TC) otorgó al Estado peruano para cumplir con la sentencia que lo obligaba a reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios del país. El máximo organismo intérprete de la Constitución ha tomado una decisión.
La medida, emitida en 2019, reconocía el estado crítico de las cárceles como una vulneración sistemática a los derechos humanos.
De acuerdo a la sentencia emitida si hasta el 2025 no se lograba superar este problema “se deberán cerrar seis establecimientos penitenciarios” que al vencimiento de dicho plazo tengan los mayores niveles de hacinamiento.
Ahora, el TC ha extendido el plazo para deshacinar los penales hasta el año 2030.
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Penales con alto nivel de hacinamiento (Febrero 2025)
- Quillabamba (513%)
- Camaná (496%)
- Abancay (478%)
- Huancavelica (470%)
- Callao (466%)
- Chanchamayo (438%)
- Jaén (400%)
Otros establecimientos penitenciarios con cifras alarmantes de sobrepoblación son los de Tacna (387%), Miguel Castro Castro (365%) y Huaral (306%).
“Del 2011 al 2016 se inauguraron 10 penales. [...] Si tú en cinco años puedes inaugurar 10 penales [...] ¿cuál es el mensaje? Que es un tema directamente político, es decisión política", dijo a Gestión, José Luis Pérez Guadalupe, expresidente del INPE.
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Ante el incumplimiento, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) solicitó formalmente al TC una prórroga para poder implementar de manera progresiva las medidas necesarias para descongestionar los penales. El pedido ha sido aceptado con plazo hasta el 2030.
Actualmente, el sistema penitenciario nacional alberga a más de 92 mil internos, cuando su capacidad instalada es de poco más de 40 mil, lo que representa un hacinamiento superior al 100%.
“El error del Ejecutivo en los dos últimos gobiernos es no priorizar la construcción de penales y no darle la prioridad de vida. Así de claro. ¿Qué se debería hacer ahora? Hay que decir ciertamente que el tema de la pandemia cambió el panorama, ¿ok? Y, claro, hubo dos años que casi no se movió nada. Entonces, esos cinco años no pueden contarse como tal", añadió Pérez Guadalupe.
Organismos de derechos humanos y especialistas han advertido que esta situación no solo vulnera los derechos de los internos, sino que también dificulta las condiciones mínimas para la reinserción social.
“Primero, todo el departamento de infraestructura del INPE tenía que repotenciarlo. Lo que pasa es que le han quitado competencias al INPE y se las han pasado al Ministerio de Justicia. ¿Qué sabe el Ministerio de Justicia de penales? Nada", expresó el expresidente del INPE.
“El penal que está construyendo el más próximo, que es el de Ica, no tiene ningún criterio técnico. Primero, no se parece en nada a los penales del país. Segundo, está ubicado en un sitio en medio de la nada. Tercero, no fue decisión del INPE, ni su modelo, ni su asesoría, sino de algunos iluminados del Ministerio de Justicia”, agregó.
