El vicepresidente del Congreso Luis Roel Alva (Acción Popular) aseguró que desde la Mesa Directiva con la mayoría de las bancadas del Parlamento hay un consenso sobre la posición frente al Poder Judicial, en el sentido de no permitir “interferencias” en el proceso para elegir a nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
Esto, a pesar de que desde la Mesa Directiva, incluyendo a la presidenta del Poder Legislativo, Mirtha Vásquez, han tenido posiciones discrepantes sobre el proceso para elegir entre los postulantes al TC.
“La Mesa Directiva, tanto su presidenta encargada como los miembros, tenemos posiciones discrepantes sobre la elección de magistrados sobre la elección de magistrados, pero creo que la Mesa Directiva como la mayoría de los voceros, coincidimos que no podemos aceptar interferencias en un Estado de derecho de un poder en las funciones de otro”, señaló ante la prensa.
Luis Roel Alva destacó que la Junta de Portavoces, por mayoría, decidió que no puede aceptar la injerencia de una jueza a través de una medida cautelar que “no tiene fundamentos, está poco motivada y generaría un mal precedente para la institución del Congreso”.
“Como miembro de la Mesa Directiva tengo el deber de defender los fueros parlamentarios y de defender la institución y por ello hemos publicado ese comunicado. Si no, generamos un mal precedente que un juez en primera instancia con una medida cautelar pueda no solo parar una elección de magistrados a futuro, sino también una iniciativa legislativa o tal vez una reforma constitucional y eso no podemos permitirlo”, aseguró.
Este martes, el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima ordenó al Congreso que suspenda de forma provisional la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional en atención a una demanda que fue presentada y que busca anular el proceso que iba a realizarse en los plenos de los días 7 y 8 de julio.
La medida cautelar fue dictada por la jueza Soledad Amparo Blácido Báez, , quien horas antes había admitido a trámite la demanda de amparo presentada por el abogado Walter Ayala que pide la nulidad de todos los actos realizados en el Parlamento y la comisión especial, así como la convocatoria de los plenos para los días miércoles 7 y jueves 8 de julio y cualquier otro acto parlamentario que tenga como finalidad “nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional”.